n cuestión de cuatro años, la siempre pútrida derecha autóctona perdió la joya de la corona (Presidencia de la República) y buena parte de otros poderes (Legislativo, gobiernos estatales y municipales), y ante ese panorama –terrible para ella–, se retuerce, histérica, ante la posibilidad de que se le vaya de las manos el control del único que conserva a plenitud (Poder Judicial, tradicionalmente con una estructura ultraconservadora, sin olvidar los órganos autónomos), de tal suerte que, ante lo que se avecina, se aferra a mantenerlo bajo su dominio para continuar con el asalto a la nación, en el entendido –el de ella–, de que todo lo que huela a cambio debe ser bloqueado.

Pasan los años, van y vienen gobiernos, mal que bien hay cambios y reformas por todos lados, pero el único poder del Estado que se mantiene intocado es el Judicial, por tratarse del que, tarde que temprano, decide sobre temas relevantes, en especial aquellos tendientes a preservar el modelo depredador impuesto por esa derecha histérica. Reiterada ha sido la propuesta presidencial de llevar a cabo una profunda reforma al Poder Judicial, pero a fin de cuentas parece que nadie (y en esto destaca el Legislativo) se anima a tocar esa instancia cada día más pervertida, corrupta, lenta como el progreso, y lo que menos imparte es justicia.

Al respecto destaca la valentía de Ernesto Zedillo, cuando mediante reforma constitucional, corrió a los (en ese entonces) 26 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajó ese número a 11 e impuso al nuevo equipo. Loas y más loas recibió el entonces inquilino de Los Pinos, cuando en realidad no trataba de cambiar algo, sino de deshacerse de los salinistas incrustados en el Poder Judicial y seguir con el festín, pero ahora bajo su tutela.

Entonces, como todo cambió, todo permaneció igual y los asuntos de interés para el mandatario en turno se aprobaban, congelaban o rechazaban en automático, según las necesidades del inquilino de Los Pinos (a estas alturas, de los 11 ministros en ejercicio, dos fueron nominados por Peña Nieto (Norma Piña y Javier Laynez Potisek), cinco por Felipe Calderón y cuatro por Andrés Manuel López Obrador).

Con la llegada de López Obrador a Palacio Nacional la dinámica es otra: ley que promueve el Presidente y aprueba el Congreso de inmediato es inhabilitada y/ o congelada por el Poder Judicial; reparte amparos como si fueran dulces, otorgan suspensiones, resuelve acciones de inconstitucionalidad y controversias a la velocidad de la luz, siempre, notoriamente, inclinados a la derecha, que a diestra y siniestra reparten amparos, suspensiones y conexos con tal de frenar la entrada en vigor de las nuevas legislaciones y así proteger a quienes en el régimen neoliberal hicieron lo que les vino en gana.

Ante este panorama, era previsible, pues, que la SCJN suspendiera de forma indefinida la entrada en vigor de la reforma electoral impulsada por el presidente López Obrador y aprobada por la mayoría en el Congreso, e impugnada por el Instituto Nacional Electoral. El máximo tribunal del país informó que esta controversia corresponde ser analizada por el ministro Javier Laynez Potisek, quien admitió la demanda y concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma. Así, de un plumazo toda la reforma con suspensión indefinida, y a otra cosa.

No es gratuito lo que dice el presidente López Obrador: los ministros de la Suprema Corte son parte de la mafia del poder y apoyan a la oligarquía: los distinguidos miembros del Poder Judicial y del INE están en contra de los cambios, porque su único dios es el dinero y pretenden seguir cobrando elevados sueldos. Es la misma mafia, son iguales que los conservadores, no quieren que haya democracia, pues apoyan a la oligarquía, no a la democracia. No quieren al gobierno del pueblo, por eso rechazan la reforma electoral, eso está sucediendo.

Las rebanadas del pastel

Lo que faltaba: es posible que El Padrino controle ya no sólo el mundo laboral, sino el electoral, porque su hija, Bertha María Alcalde Luján, está muy cerca de convertirse en la consejera presidenta. ¿Algo más que se le ofrezca al señor?

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