a batalla por el control electoral de 2024 transcurre por dos vías muy definidas y previsibles: el bando con mayor poder (el Ejecutivo, el Legislativo) ha ejercido todas las facultades legales y metalegales a su alcance, mientras el bando opositor (la alianza llamada Va por México y sus aliados mediáticos y de la sociedad civil) ha magnificado los riesgos del cambio de modelo electoral y ha tratado de deslegitimar el proceso.

Ambas partes están ya a las puertas de un desenlace sabido: con plan a o sin él, con plan b o sin él, con marchas y mítines o sin ellos, el primer día hábil del próximo mes, ya en una semana, habrán de cambiar tanto el mando máximo del Instituto Nacional Electoral (no más Lorenzo Córdova Vianello) como la correlación interna de fuerzas (habrá cuatro nuevos consejeros, probablemente la mayoría de ellos más afines a impulsar transformaciones que a mantener la intocabilidad ahora tan sublimada por los opositores al obradorismo).

El camino recorrido hasta ahora por los dos proyectos de nación deja muestras claras del carácter coyuntural e instrumental de la contienda: el oficialismo no ha podido impulsar una reforma electoral con visión de Estado, que convoque e instale en el poder electoral a personajes sin bandería partidista, ajenos a suspicacias facciosas, sino todo lo contrario, pues lo que está en juego no es lo ideal sino lo práctico; la 4T, como en su momento elPRI con una gran habilidad defraudadora, y el PAN con las limitaciones de sus habilitados en Los Pinos, Fox y Calderón, trata de acomodar el mayor número posible de piezas para mantenerse en el poder.

Pero no tanto como siglas partidistas sino, en el caso actual, como una continuidad grupal entendida por sus partícipes como misión salvadora: del fraude patriótico del priísmo al control patriótico de la organización electoral y sus resultados requeridos. Ante ese escenario de operación cuatroteísta para copar las inminentes consejerías electorales, la oposición ha obtenido victorias procesales insuficientes (presionar para el freno de los planes a y b), que sucumben en lo práctico ante el llamado plan c, el de los cuatro consejeros morenizados y en especial la búsqueda de que Bertha Alcalde Luján releve a Córdova Vianello.

Es de advertirse un hecho que los opositores sólo han podido enfrentar desde un punto de vista meramente retórico, tramposo: a pesar de la dictadura que denuncian con sentido propagandístico, los procesos relacionados con las reformas electorales (la a y la b) y con la elección, o insaculación, de los nuevos consejeros, se han manejado con apego a los mecanismos y facultades legales aplicables a cada caso.

Las votaciones en las cámaras legislativas han sido apegadas a la normatividad vigente aunque, como es legítimo derecho de los opositores, pueden ser recurridas ante la Corte, que obviamente puede declararlas válidas o inválidas. El comité de evaluación para aspirantes a consejeros ha sesionado y resuelto sin romper la legalidad, conforme a las reglas.

Los opositores han ganado, por su parte, una capacidad de movilización que se mostró en el Zócalo Rosa y mantienen un discurso cotidiano que busca la excitación social aunque ella no desemboca necesariamente en los cauces partidistas (PAN, PRD y PRI), que siguen pasmados, ineficaces.

A su vez, el Presidente de la República ha subido el tono y la apuesta en relación con el Poder Judicial federal y su presidenta, Norma Piña. El pretexto es el plan b y la probabilidad de que sea declarado inconstitucional por la Corte, pero en el fondo es la descalificación de esa presidencia y del aparato judicial en pleno, ahora catalogado abiertamente como parte de la etiqueta de variantes aplicaciones conocida como mafia del poder.

Y, mientras Al Faro 2024 de Morena le ha abierto significativamente las puertas de la Casa Jalisco el gobernante emecista Enrique, ¡hasta mañana!

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