Pese al incremento internacional en el costo de los granos se requiere que el próximo precio de garantía por tonelada de maíz no sea excesivo a fin de que los pequeños productores realmente se beneficien, planteó la Red de Maíz.

La organización, que agrupa a medio millar de tortillerías y molinos de nixtamal, señaló que también es necesario que se asegure el suministro de maíz blanco para consumo humano y no se destine a otros usos para generar especulación y desabasto del grano.

Blanca Mejía Castillo, coordinadora de la Red de Maíz Ciudad de México, indicó que al fijar Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) un precio para pequeños productores, que a la fecha es de 6 mil 805 pesos, se debe poner un tope a los más grandes, porque de lo contrario se tendrán escaladas de precios del alimento y será el consumidor final quien asuma los incrementos.

Añadió en entrevista que son los grandes productores los que se benefician de los precios de garantía, ya que establecen los precios de mercado, de los cuales las empresas harineras y comercializadoras se aprovechan para fijar los suyos.

Mencionó que las harinas tuvieron una elevación de 14 por ciento en comparación con el año pasado, por lo que quienes la utilizan para elaborar tortillas tienen costos de producción que llegan a representar 50 por ciento más.

La Red de Maíz también propuso la creación de un fondo revolvente de 80 millones de pesos para dotar de liquidez a los pequeños molinos y garantizar la adquisición del grano nacional.

Mejía Castillo reconoció que los acuerdos del Paquete contra la Inflación y la Carestía que instrumentó el gobierno federal generó condiciones de estabilidad en los precios de los insumos para la elaboración de la tortilla. Ello, puntualizó, permitió que en la Ciudad de México aumentara el consumo del alimento 14 por ciento en enero y 19 por ciento en febrero.

Resaltó la importancia de que los ajustes de precios de los insumos para elaborar masa y tortillas no sean mayores a la inflación general de 7.8 por ciento registrada el año pasado, con la finalidad de que los industriales de la tortilla no vean comprometido el margen de utilidad y se vean obligados a incrementar el precio.

La presidenta de la organización comentó que por lo que toca a lo laboral, detectaron que de las 110 mil tortillerías que registra el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sólo 35 mil personas están dadas de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social.