Integrantes de la Coordinadora Nacional Agua para Todos se manifestaron frente al edificio sede de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la Ciudad de México, para exigir que el organismo impulse la aprobación de la nueva Ley General de Aguas, y señalaron que el titular de esta instancia, Germán Martínez, cabildea con diputados y senadores para obstaculizar el aval de la legislación, que lleva más de una década de retraso.

Pedro Moctezuma, de la agrupación Agua para Todos y coordinador del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, indicó que se busca distorsionar el sentido del artículo 4º constitucional y obstruir su cumplimiento, así como el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que urgió en enero de 2022 a las cámaras de Senadores y de Diputados a emitir esa legislación reglamentaria.

Sostuvo que algunos legisladores federales me han informado que Germán Martínez tiene cabildeo con ellos, violando la autonomía de los poderes.

La omisión del Poder Legislativo data de 2012, cuando el Congreso aprobó la reforma al artículo 4º constitucional, en la que se estableció el derecho de la población al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Sin embargo, desde entonces, los legisladores han sido omisos en emitir la Ley General de Aguas Nacionales. Actualmente, indicó, sigue vigente la norma establecida en 1992, que favorece la mercantilización del líquido.

En el contexto del Día Mundial del Agua, las personas que se manifestaron a las afueras de la Conagua, en Insurgentes Sur, reclamaron al organismo la crisis hídrica en que mantiene al país y la Cuenca de México, expuso Carlos Vargas, integrante de Agua para Todos. La manifestación tuvo réplica en al menos 11 ciudades, tanto en oficinas de la Conagua como en plazas públicas.

Agregó que una comisión fue recibida por autoridades de la dependencia, a quienes entregaron un pliego petitorio en el que expusieron la problemática, así como alternativas para realizar una adecuada gestión hídrica y que se revisen las concesiones de agua y saneamiento.

En la protesta frente a Conagua, los activistas demandaron también el fin de la corrupción en los distritos de riego, los cuales controlan 35 por ciento de todas las aguas nacionales y 50 por ciento del líquido que alimenta a las ciudades, explicó Moctezuma. Éstos, indicó, están en manos de caciques, de entidades privadas que controlan el agua de espaldas a ejidos y comunidades.

Además, solicitaron que se reconozcan los derechos ancestrales de los pueblos originarios y de los sistemas comunitarios, de los cuales existen 30 mil en todo el país y son los que dan vida al agua en comunidades rurales y semirrurales.