Miércoles 22 de marzo de 2023, p. 11
Las autoridades laborales sí están facultadas para recabar pruebas periciales en medio ambiente durante la investigación de posibles riesgos laborales en una planta industrial, señala un proyecto que será votado esta semana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que propone negar el amparo solicitado por Kimberly Clark de México.
El caso surgió por las denuncias de los trabajadores de la planta de Orizaba, Veracruz, ante la Junta Especial Número 54 de la Federal de Conciliación y Arbitraje por posibles riesgos laborales debido a la falta de medidas para proteger el medio ambiente.
Durante la investigación, la autoridad visitó la empresa presidida por Claudio X. González Laporte para recabar una prueba pericial e integrarla en el expediente, lo que la compañía denunció como hecho ilegal y fuera del procedimiento contencioso administrativo.
Administración inequitativa de la justicia
La firma se quejó de que la admisión de esta prueba “se traduce en inequitativa y parcial administración de justicia, pues se permite a la autoridad demandada en el juicio de nulidad continuar ejecutando sus facultades de comprobación para mejorar la fundamentación y motivación del acto impugnado, y lo que es peor, se le autoriza para irrumpir en el centro de trabajo de la quejosa mediante una visita de verificación que dicha autoridad dolosamente ofreció bajo la denominación de ‘prueba pericial’, lo cual deja en completo estado de indefensión y de inseguridad jurídica a la quejosa”.
Kimberly Clark presentó una queja, que fue desechada, y luego promovió un amparo para impugnar la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
El caso llegó hasta el máximo tribunal, que este miércoles programó votar el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, que propone dar la razón a la autoridad laboral, admitir la prueba pericial y, de esta manera, permitir que continúe la investigación de los posibles riesgos ambientales en la planta de Kimberly Clark.
Esquivel Mossa señala que debe negarse el amparo, pues la empresa busca protegerse de una acción de la autoridad que aún no se concreta.