A las mujeres que están en política se les cuestiona su inteligencia, imagen, relaciones personales y la legitimidad de su rol en ese ámbito, por medio de factores de discriminación de género que jamás se aplican a los hombres, expuso Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México.

En entrevista con La Jornada, advirtió que esa violencia política no debe ser normalizada y llamó a cuidar que en los medios digitales no se reproduzcan estos señalamientos que pueden llegar a perjudicar trayectorias políticas o incluso desanimar a más mujeres a participar en este rubro, o incluso a aquellas que ya incursionan en él, abandonarlo.

De acuerdo con datos de ONU Mujeres, un estudio global realizado en 2016 arrojó que 80 por ciento de las parlamentarias entrevistadas habían sufrido violencia sicológica; una de cada tres, económica; una de cada cuatro, física, y una de cada cinco, sexual, durante su trabajo.

Asimismo, según una encuesta realizada para un estudio de 2018, más de 40 por ciento del personal parlamentario de Europa había sufrido acoso sexual en su centro laboral, hecho que provocó que muchas personas abandonaran por completo la política, y posteriormente el Covid-19 acrecentó las amenazas hacia ese sector.

“Como sociedad, tenemos la enorme responsabilidad de no normalizar cada vez que en la política una mujer sea vulnerada por razones de género. La política es una profesión que debe tener proyección y enorme dignidad; en ese sentido, debemos ser conscientes cuando seamos testigos de una forma de violencia en el ámbito digital contra una mujer en política.

No tolerar estas formas de violencia, no reproducirlas y, desde luego, generar mecanismos de protección que cambien esta realidad y definitivamente no reproduzcan esta forma de discriminación que todavía siguen sufriendo las mujeres.

En diversos países, como México, se ha legislado para sancionar estas prácticas, pero eso no las ha detenido. Hay reformas legislativas que tipifican esa violencia, estableciendo mecanismos de atención del Estado. Se ha incorporado a las leyes sobre violencia de género en Argentina (2019), Bolivia (2013), Ecuador (2018), México (2020), Panamá (2013), Paraguay (2016) y Uruguay (2018). También varios países han aprobado protocolos para abordar estas agresiones en los parlamentos nacionales, como en Argentina, Chile, El Salvador y México (2019).