Washington. Las elecciones mexicanas son generalmente libres e imparciales y las autoridades mantienen un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, pero abusos de derechos humanos significativos, incluyendo asesinatos y desapariciones por fuerzas del gobierno, tortura, violencia contra periodistas y actos serios de corrupción gubernamental, persisten en México, según el Informe Anual sobre Derechos Humanos en el mundo, elaborado por el Departamento de Estado y presentado este lunes.

El documento, el cual es requerido por el Congreso, aborda las condiciones de derechos humanos en 198 países y territorios y, según el secretario de Estado, Antony Blinken, quien lo presentó, la intención es evaluar todos los países por una misma norma. Sin embargo, algunos cuestionaron eso, ya que además de criticar severamente a Rusia, China, Cuba y Venezuela, entre otros, como “gobiernos autoritarios, el resumen no aplica ese mismo lente a Egipto, Arabia Saudita e Israel, a pesar de que en esos países anulan los derechos al voto de amplios sectores de sus poblaciones, y en los capítulos dedicados a cada uno de esos países considerados aliados de Washington la crítica sobre sus violaciones de otros derechos es más mesurada.

En el capítulo sobre México, el Departamento de Estado resalta que la impunidad y tasas extremadamente bajas de enjuiciamiento permanecen como un problema para todo crimen, incluyendo abusos de derechos humanos y corrupción.

A lo largo de esa calificación anual de México por Washington –basada en información pública, de ONG y medios seleccionada por el gobierno estadunidense– el Departamento de Estado aborda en detalle los delitos cometidos por bandas criminales locales y trasnacionales y narcotraficantes. El gobierno investigó y enjuició algunos de estos delitos, pero la mayoría permanecieron sin investigación y sin enjuiciamiento, declara el reporte. Agrega que se han documentado desapariciones forzadas por grupos criminales a veces con alegaciones de colusión con autoridades y que éste es un problema que persiste a través del país, pero la investigación de estos delitos es poco común.

Con base en los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, el informe añade que el número desapariciones alcanzó su nivel más alto en 2022.

El informe incluye una sección extensa sobre los esfuerzos del gobierno en torno a la investigaciones de la desaparecieron de los 43 normalistas de Ayotzinapa y también detalla algunos esfuerzos por el gobierno para arrestar a marinos y acusarlos de desaparición forzada en Nuevo Laredo en 2018. Sin embargo, afirma que la sociedad civil y familias de los desaparecidos dicen que las acciones del gobierno para prevenir y responder a desapariciones son en gran medida inadecuadas para abordar la escala del problema.

En una sección sobre los medios, se reporta que los medios independientes son activos y expresaron una amplia variedad de perspectivas sin restricción alguna, pero frecuentemente se autocensuran ante el temor de represalias por parte de funcionarios gubernamentales y organizaciones criminales trasnacionales. Agrega que políticos, incluyendo el presidente (Andrés Manuel) López Obrador, públicamente descalifican y critican a tales periodistas para presentarlos como parciales, partidarios y corruptos.

A lo largo del capítulo se desarrolla la narrativa de un gobierno mexicano que intenta actuar sobre violaciones y abusos de derechos humanos, pero que carece de recursos y efectividad, por ejemplo en torno a combatir a organizaciones de trafico humano. Subraya que no es por falta de intención o de una política, sino por limitaciones de capacidad y coordinación entre diversas agencias.

Al abordar la corrupción, el Departamento de Estado destaca las medidas que se han tomado para incrementar la autoridad del gobierno con el fin de perseguir y enjuiciar a funcionarios corruptos, ofreciendo como ejemplos la acción contra el ex gobernador de Chihuahua César Duarte, el caso de la Cofepris y la Agencia de Seguridad Alimentaria dentro de la Secretaría de Agricultura entre 2019 y 2021. Sin embargo, el informe señala que hay numerosos reportes de corrupción gubernamental.

El reporte refiere que grupos de derechos humanos operan sin ninguna restricción por el gobierno y que funcionarios gubernamentales fueron en gran media cooperativos y dispuestos a responder con estas agrupaciones e incluso el Presidente e integrantes del gabinete se reúnen con organizaciones de derechos humanos.

El Departamento de Estado también elogia al gobierno mexicano por continuar en los esfuerzos para fortalecer las protecciones de la libertad de asociación, promover la democracia sindical y mejorar la capacidad de los trabajadores para negociar colectivamente. Sin embargo, señaló que las penas por violaciones de leyes laborales raramente son aplicadas contra los responsables.

En otro rubro, el documento toma nota de que aunque no hay leyes criminalizando las conductas sexuales entre personas del mismo sexo, se registraron abusos y maltrato policiaco contra la comunidad gay fuera de la Ciudad de México.

En una conferencia de prensa para presentar el informe, al secretario Blinken se le preguntó por qué la evaluación no parece impactar la política exterior estadunidense hacia algunos países aliados como Egipto, Arabia Saudita o Israel, que han sido denunciados internacionalmente por sus abusos severos de derechos humanos. Respondió que “trabajamos de diferentes maneras con diferentes países, tenemos una multiplicidad de intereses sobre los cuales trabajamos… Los derechos humanos son un interés central para nosotros, no es el único”.