l lunes 13 de marzo apareció en La Jornada un artículo con el encabezado: Un bien público convertido en mercancía. Al no haber leído previamente el nombre del autor, y quizás a causa de mi deformación profesional, pensé que el artículo se refería al conocimiento científico como bien público. Pero no: Iván Restrepo se refería muy acertada y oportunamente al agua, un bien que desde hace décadas escasea por mal uso, acaparamiento y carencia de políticas públicas.

Del buen o mal uso del agua somos responsables todos; de su acaparamiento lo son unos cuantos, que obtienen ganancias millonarias lucrando con el preciado líquido. La carencia de políticas públicas permite que esta situación se agrave hasta alcanzar un nivel que en este próximo periodo de sequía amenaza con convertirse en crítico para el país, sus habitantes, la agricultura, la industria, la vida toda.

En su análisis de las nuevas características del capitalismo, Hardt y Negri hacen ver cómo lo común, aquello que le pertenece a la humanidad en su conjunto, ha sido cercado por el mercado y por los sistemas financieros. Lo común son el aire, el agua, los frutos de la tierra y todo lo que la naturaleza nos prodiga; pero también los resultados de la producción social, tales como saberes, lenguajes, información. Al ser producidos socialmente, nos pertenecen a todos y, sin embargo, debido a su mercantilización la gran mayoría de la población no puede acceder a ellos (M. Hardt & T. Negri, Commonwealth, 2011, citado por Esther Juliana Vargas en Autonomía universitaria y capitalismo cognitivo, 2021).

La gran economista Elinor Ostrom, al hablar de la gestión de los comunes, no diferencia entre los recursos naturales y los inmateriales, como el conocimiento. En ambos casos argumenta que la capacidad de los individuos para administrar los recursos varía dependiendo de las posibilidades y la disposición de la comunidad para autogobernarse, adoptando un conjunto de acuerdos y reglas de juego (E. Ostrom, El gobierno de los bienes comunes, 1990).

¿Hasta qué grado las comunidades productoras de conocimiento científico han perdido la capacidad de autogestionarse que alguna vez las caracterizara? La regulación y medición de los productos del conocimiento se han sofisticado notablemente en las últimas décadas, a través de políticas oficiales homogeneizadoras aplicadas a los curricula, a los procedimientos y criterios de evaluación, a la financiación por proyectos, etcétera, todo ello en una atmósfera de aparente meritocracia. En paralelo, se ha incrementado a un ritmo rampante la gestión de los bienes del conocimiento científico en manos de unas cuantas agencias privadas de la ciencia: editoriales, bases de datos e índices, que intervienen en el proceso de circulación y validación de la calidad con un claro ánimo de lucro. El círculo se cierra al convertirse estos últimos en jueces de lo que es o no es científicamente relevante, y transforman sus veredictos en política pública al adquirir protagonismo en el ámbito institucional de la academia.

Las cifras hablan por sí solas, y para no aburrir al lector mencionaremos sólo el caso de Elsevier, la mayor editorial académica, que se presenta como empresa de análisis de información que ayuda a las instituciones y a los profesionales a hacer progresos científicos. Con más de 46 mil títulos de libros y 2 mil 800 revistas en línea, además del sistema de citas Scopus y otros servicios, Elsevier reportó en 2022 ingresos por 3 mil 500 millones de dólares y utilidades de mil 100 millones de dólares, con un margen de ganancia de 37.8 por ciento (mayor que el de Microsoft, Google y Coca Cola). En gran medida, este éxito fue posible gracias a las instituciones académicas que canalizan fondos hacia la empresa. En un alarde de creatividad financiera, Elsevier, como otras empresas que componen el oligopolio editorial, ha comprometido a nuestras universidades a cubrir por anticipado mediante acuerdos transformativos los costos de publicación de nuestros artículos científicos que llegasen a ser aceptados para aparecer en sus revistas. Estamos contribuyendo a perpetuar el negocio y asegurar sus ganancias.

¿Puede acaso revertirse este proceso de mercantilización?

Regresando a los argumentos de Elinor Ostrom, se requiere de las comunidades académicas la disposición para autogestionarse; concretamente, para recuperar el control de publicación de los productos del conocimiento. En este aspecto América Latina da un buen ejemplo al mundo, puesto que la mayoría de nuestras revistas científicas son editadas por instituciones académicas, sin fines de lucro.

En otras latitudes se observan algunas señales alentadoras. Por ejemplo, en 2018 todas las instituciones académicas de Alemania y Suecia cancelaron sus suscripciones con Elsevier al no llegar a un acuerdo justo. En 2019 la Universidad de California decidió que, para impedir que Elsevier incrementara sus ganancias a expensas de la institución, a partir de 2019 no firmaría un nuevo contrato con la empresa.

Por otro lado, está cada vez más cuestionado internacionalmente el actual sistema de evaluación basado en las métricas producidas por las bases de datos privadas, definitorias de la corriente principal de la que por motivos comerciales queda excluida la mayor parte de la producción científica editada en países como México la cual, dicho sea de paso, sí está disponible en acceso libre y abierto no comercial, por tratarse de un bien común. Sin embargo, estas prácticas de evaluación, cuestionadas por injustas y excluyentes, siguen operando en nuestras instituciones en detrimento y a espaldas de las publicaciones a menudo producidas y sustentadas por ellas mismas. Mientras las políticas públicas no corrijan esta práctica contradictoria, nuestras comunidades productoras de conocimiento científico seguirán respondiendo al son del oligopolio editorial trasnacional, financiado con recursos públicos de la nación.

*Investigadora titular del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México

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