n la universidad pública autónoma está surgiendo una ola de movilización de actores universitarios, con acciones y logros concretos. Hablamos del cambio profundo en la Universidad de Sonora; de los académicos de la UNAM, que al no votar en número suficiente, deslegitimaron el Contrato generado por las AAPAUNAM y, finalmente, de mujeres y comunidades indígenas que hacen sentir su presencia decisiva y cuestionan el poder en la universidad pública autónoma.

En la UAM, en la pequeña sede Cuajimalpa (Santa Fe), las mujeres estudiantes captaron claro que una vez más el poder no tomaría muy en serio una denuncia de violación (fue accidental, admitió el acusado y ya no se le tocó). Por eso decidieron irse al paro y, sorprendiendo a todo mundo, una tras otra de las cinco sedes uamitas, acordaron agregar sus insatisfacciones y desdenes acumulados.

Nunca las estudiantes, como tales y por sus propias demandas, habían dado un paso tan fuerte. Y con eso crearon un nuevo y tangible polo de poder, capaz de poner a seis rectores y sus secretarios, consejos y asesores en la tarea de entender y dar una respuesta convincente. Por eso, en su escrito desde Xochimilco (16/3), al mismo tiempo que buscan mantener su postura de control del proceso, frase tras frase introducen la idea de que prácticamente todo lo que se demanda ya antes había sido objeto de la atención y acción de los funcionarios. Intentan con eso convencer de que no tiene mucho caso mantener un paro por cuestiones que ya están por resolverse, todas.

El poder que ahora han logrado, en realidad –parecen decir– no cambia nada (y eso lo descalifica). Por ejemplo, si se piden más corridas de Sendero Seguro responden citando desde cuándo ellos están haciendo gestiones (y sin necesidad de un paro) y no mencionan que la propia institución –adquiriendo un autobús– puede cubrir esa demanda. Como lo dice al concluir el documento en que desde Xochimilco se contesta a las peticiones (16/3): respondemos a las demandas del pliego petitorio planteando la ruta de atención a cada una de ellas haciendo un llamado para retomar el diálogo con todas las instalaciones abiertas. Sin siquiera un plazo, en el fondo sin ceder un espacio permanente de poder donde ellas ejerzan al menos algún control sobre las promesas. Sin ningún compromiso.

Decía una feminista: el Estado nunca ha entendido a los movimientos de mujeres, y no puede ni manejarlos ni anticiparlos. No entienden que en el fondo se trata de cambiar de sometidas a protagonistas. Y lo mismo pasa con los movimientos que surgen a partir de las comunidades indígenas (T. Martínez Guerrero). Porque ahí también lo mismo está en juego. Por eso las transformaciones democráticas más profundas de la universidad ya no las genera el gobierno y sus decretos, ni los funcionarios y sus planes, sino los movimientos, como el de las mujeres y comunidades, capaces de enfrentar a las instituciones con nuevas y poderosas realidades, las que ellas, por acosadas, mejor perciben.

La demanda por el poder que hacen las comunidades indígenas apareció también cuando el día 4 de marzo se llevó a cabo en Miahuatlán el último de los 11 foros de consulta que ordenó la SCJN al Congreso local como condición para que la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO) operara con pleno apoyo legal y financiero. Era un itinerario que había comenzado años atrás, cuando grupos de educadores que habían crecido profesional y políticamente en el espacio creado por el proyecto educativo de la sección 22 de la CNTE, desarrollaron una especial sensibilidad ante el rechazo que las universidades tradicionales –elitistas y verticales– hacían de los procesos comunitarios de conocimiento.

Contaban, además, con una visión muy desarrollada: la de comunalidad que confería a las prácticas, conocimientos y estructuras de poder locales una concepción amplia y firme donde anclar conocimientos y generar estudios profesionales e investigaciones para servir a las y los jóvenes y comunidades. Detener así, la sangría de talento y del relevo joven que sufren las comunidades. Y más profundo aún, cuestionar desde ese poder comunal una visión del país centrada en un desarrollo que favorece a los poderosos, no a las comunidades, que retoma tierras, ríos y bosques –su patrimonio vivo– y también la universidad y lo transforma en insumos de desarrollo. Una institución y un gobierno de decisiones de pocos, es decir, manipulable. Como la que Porfirio Díaz, oriundo precisamente de Miahuatlán, creó con Justo Sierra en 1910. En contraparte, un siglo después, estas y estos educadores se rebelaron y construyeron la Universidad Comunal. Un espacio gratuito, de libre acceso, donde los focos de decisión están en los procesos y asambleas de las 16 sedes, con autonomía viva, capaz de definir su quehacer a partir de la comunidad y de la región. Efectivamente, otra universidad.

* UAM-Xochimilco