Más de 200 investigadores de diversos centros académicos del país enviaron una carta el miércoles pasado a las comisiones de Educación y Ciencia y Tecnología de las dos cámaras del Congreso, para insistir en la realización de un parlamento abierto libre y plural donde se analicen aciertos y posibles riesgos de la iniciativa de ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.

Los firmantes pidieron que el espacio de análisis sea organizado por el Legislativo para garantizar la inclusión de diversos puntos de vista y que no haya intervención ni influencia de otras instituciones o personas ajenas a este poder.

Los académicos señalaron que aunque la propuesta de ley presentada por el Ejecutivo federal en diciembre pasado se dio a conocer luego de consultas con la comunidad de investigadores, nos damos cuenta de que nuestras aportaciones no fueron consideradas en la redacción final del documento.

Admitieron que la iniciativa tiene aciertos, entre ellos garantizar el derecho a la ciencia, la inclusión de las humanidades y el libre acceso al conocimiento, pero alertaron que hay aspectos que podrían suponer un retroceso en materia de libertad y autonomía de la investigación, por lo cual deben ser revisados antes de su aprobación.

Uno de ellos, dijeron, es que la iniciativa subordina la generación del conocimiento a una agenda nacional dictada por el gobierno, sin participación de los académicos, además de que supone la subordinación de las agendas de investigación a las prioridades establecidas por el Conacyt, cuya Junta de Gobierno no incluiría a representantes de organismos académicos.

“Desalienta la vida colegiada en los centros públicos de investigación, al negar voz y voto al personal académico en los órganos de evaluación y de gobierno, y al estipular respecto a este último que la administración pública federal deberá tener una representación significativamente mayoritaria, siendo que ahí se definen la aprobación de presupuesto y otros aspectos.

En cuanto al tema presupuestal, nos preocupa que no se establezcan lineamientos ni compromisos claros en materia de financiamiento.