El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó multas de entre 500 y 20 mil unidades de medida, que representan poco más de 2 millones de pesos, a empresas privadas que durante la ejecución de obras no hagan uso de materiales reciclados y/o productos del reciclaje de residuos de construcción y demolición.

Ayer los diputados locales aprobaron una reforma a la Ley de residuos sólidos de la Ciudad de México, cuyo objetivo es impulsar la gestión de restos de la construcción, así como minimizar la extracción de materias primas.

La reforma obliga a la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) a recuperar, clasificar y utilizar materiales reciclados de la construcción y demolición en la ejecución de obras de su competencia. Mientras, se obliga a propietarios, directores responsables de obra, contratistas o empresas encargados de la construcción o demo­lición, a contar con un convenio o contrato para garantizar el reciclaje de residuos de la construcción o demolición.

Dicho documento deberá ser presentado a las autoridades para la obtención de los permisos de construcción o demolición pertinentes.

Asimismo, se ordena la creación de una plataforma digital de trazabilidad, que albergará los registros de la gestión integral de residuos de la construcción. La base de datos se alimentará de la información contenida en los manifiestos de entrega-recepción, que deberán presentar los generadores y prestadores de servicios que cuenten con licencia para recolectar, transportar, acopiar y/o reciclar residuos sólidos.

Con este dictamen se evita que dichos residuos terminen en la vía pública o áreas naturales, es decir, se contribuye a disminuir el impacto negativo al ambiente, comentó la diputada Tania Larios, quien refirió que a diario se generan poco más de 16 mil toneladas de residuos de la construcción, de los cuales 24 por ciento proviene de la autoconstrucción, mientras las obras públicas y privadas generan 76 por ciento de éstos.

La ley formaliza los centros de acopio autorizados por el gobierno para la prestación de servicio a terceros, donde recibirán, separarán y almacenarán temporalmente residuos de la construcción y demolición para ser recuperados y reutilizados conforme a la normativa aplicable.