l ex gobernador de Tamaulipas (1999-2004) Tomás Yarrington Ruvalcaba fue sentenciado a nueve años de prisión en Estados Unidos por aceptar más de 3.5 millones de dólares en sobornos y usarlos para comprar propiedades de manera fraudulenta en ese país. Desde hace casi un año, el político priísta se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero, uno de los 11 cargos que le imputaba el Departamento de Justicia, entregó millones de dólares y colaboró como informante de la fiscalía, lo cual le permitió acceder a una pena reducida. Cuando cumpla su sentencia, será expulsado a México, donde existen acusaciones en su contra por narcotráfico y lavado de dinero.

Quien fue precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República en 2006 forma parte del ciclo de ex gobernantes tamaulipecos sobre quienes pesan sospechas (o certezas, como en su caso) de actividades delictivas y vínculos con el crimen organizado. Su predecesor, Manuel Cavazos Lerma (1993-1999), fue investigado por nexos con cárteles, permitir el tráfico de armas y drogas, enriquecimiento ilícito mediante negocios inmobiliariose incluso por una presunta participaciónen el asesinato del candidato a la gubernatura Rodolfo Torre Cantú, si bien nunca ha sido formalmente imputado. El sucesor deYarrington, Eugenio Hernández Flores (2005-2010), estuvo preso entre 2017 y 2022 por enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros, y actualmente enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos. El sustituto de Torre Cantú en la candidatura priísta de 2011, su hermano Egidio (2011-2016), no se libró de sospechas. La alternancia no llevó una limpieza a la vida pública de la entidad: el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca (2016-2022) fue investigado por defraudación fiscal equiparada, delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita, cargos que le valieron ser desaforado el 30 de abril de 2021 por la Cámara de Diputados, y sólo las maniobras ilegales del Congreso de Tamaulipas (controlado por sus adictos) y una deplorable conducta del Poder Judicial le han permitido evadir la acción de la justicia.

Ante semejante desfile de ex gobernadores impresentables en el estado fronterizo, cabe saludar que finalmente camine la justicia, así sea en una corte de Estados Unidos y no en el país al que dañaron con sus actos ilícitos. Cabe esperar que la condena a Yarrington inaugure una época de colaboración binacional auténtica en materia de combate a la delincuencia de quienes son o han sido protagonistas en el poder político, y que marque la ruta para avanzar en otros casos emblemáticos, en particular en el más escandaloso de todos, el del ex presidente Felipe Calderón, quien debe rendir cuentas por haber mantenido al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, a pesar de múltiples advertencias, al narcotraficante Genaro García Luna, pero también por los fuertes indicios de su participación en delitos electorales, corrupción y violaciones a la soberanía nacional. Más allá de las jurisdicciones de México y Washington, el michoacano tendría que encarar a la justicia internacional por los crímenes de lesa humanidad que ordenó o solapó como jefe de Estado en el contexto de su falsa “guerra contra el narco”.

La cooperación binacional es ineludible para frenar y revertir la descomposición instalada en Tamaulipas, como en el resto del país, durante los sexenios pasados, pues resulta evidente que la impunidad de que han gozado muchos delincuentes enquistados en la clase política depende no sólo de la patente descomposición en el Poder Judicial o de la lentitud e ineficacia de agencias del Ministerio Público y fiscalías, sino también de la reticencia de Estados Unidos a proceder contra lacras como el tráfico de armas y el lavado de dinero, o su inexplicable medida de tener en su territorio a sujetos señalados por la justicia mexicana, como García Cabeza de Vaca y Ricardo Anaya, quien está imputado por recibir sobornos, lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.