La atención a víctimas de delitos en el país se enfrenta a un desarrollo desigual, y en ocasiones a la falta comprensión (en algunas estidades) sobre la importancia que implica cumplir con la responsabilidad del Estado de garantizar a las víctimas que han sufrido una violación a sus derechos, subrayó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

Al rendir el primer informe anual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) –constituida hace diez años–, su titular, Yuriria Rodríguez, expuso que hasta el 31 de diciembre de 2022, el padrón del Registro Nacional de Víctimas sumaba 54 mil.

Informe de la CEAV

Al desglosar la labor de los 300 empleados de la CEAV, expuso que brindaron atención y acompañamiento a 107 mil 988 personas y familias, de las cuales 79 mil 435 se desplegaron en los servicios de trabajo social y médico, empleo y vínculos con instituciones de vivienda y con el Poder Judicial, Además de que se brindaron 24 mil 576 atenciones sicológicas.

La funcionaria puso sobre la mesa que hoy día día realizan diligencias de búsqueda para ubicar a sus familiares, y esto nos lleva a algo muy importante: contar a las víctimas para una mejor atención. Necesitamos que también se les destinen recursos económicos que puedan garantizar atención y acompañamiento a los afectados. Eso ayudará a generar políticas públicas, insistió, porque la mayoría de los inscritos en el padrón son mujeres (55 por ciento) y casi todas las víctimas tienen entre 20 y 49 años de edad.

Al concluir el informe, Encinas habló sobre las omisiones de gobiernos locales en el proceso de atender a los ciudadanos en esa situación. Hay un esfuerzo por descentralizar los trabajos de la CEAV y fortalecer a los organismos locales, pero debemos entender que aquí hay responsabilidades de los gobiernos de los estados y de los municipios que no pueden atenderse en el ámbito federal. Y la obligación fundamental no solamente es fortalecer las instituciones locales, sino afianzar sus capacidades de respuesta.

Al preguntarle respecto a los desaparecidos en Guanajuato, afirmó que se están realizando las investigaciones de las lamentables desapariciones que se han registrado, y es un asunto que no corresponde atender a la CEAV.

–¿En el caso Ayotzinapa? –replicó un reportero.

–Es uno de los temas que se está abordando; son asuntos a los que tienen derechos los familiares, como a una atención de parte del Estado.

Sobre la condena al feminicida de Mariana Lima, perpetrado hace 13 años en el estado de México, destacó que es un buen mensaje la sentencia, porque no puede continuar la impunidad 13 años después, la cual se encuentra en la mayor parte de los delitos que se cometen contra las mujeres. Hay que fortalecer los trabajos en las más de 220 sentencias mediante la asesoría jurídica de la CEAV.