llá por abril de 2002, en el gobierno de Vicente Fox, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la Independencia de Jueces y Abogados de la Comisión de Derechos Humanos de esa institución, Dato Param Cumaraswamy, hizo público su informe temático sobre México. La contundencia de su contenido desató el griterío de la clase judicial y política, que se rasgó las vestiduras a sabiendas de que lo denunciado era puntual y demoledor. Prefirió evadir su responsabilidad ante el desastroso estado de la justicia en nuestro país.

¿Qué decía el citado informe? La corrupción afecta a entre 50 y 70 por ciento de los jueces del nivel federal y acaso a un porcentaje mayor de los locales, y ese fenómeno se extiende en el seno de los órganos judiciales debido a la influencia de los traficantes de droga. La impunidad en el país para todo tipo de delitos es de 95 por ciento y parte de ese problema radica en la ineficacia de las investigaciones penales, pues tan sólo 10 por ciento de los juicios abiertos desembocan en condena. La población ha perdido la confianza en las instituciones de procuración y administración de justicia (si alguna vez la tuvo). Sean cuales fueren los cambios introducidos, éstos no se aprecian en realidad; siguen vigentes el recelo, la falta de fe y la desconfianza en esas instituciones.

El documento de Dato Param Cumaraswamy (publicado por La Jornada), en el que se subrayaba “la falta de una reforma integrada del sistema de justicia, porque no puede funcionar bien cuando los procuradores, jueces, magistrados, defensores y abogados trabajan cada uno por su lado. La impunidad y la corrupción parecen no haber perdido fuerza en México. Sean cuales fueren los cambios y las reformas introducidas (se refería a la reforma de Zedillo), no se aprecian en la realidad”.

Demoledor, pero la clase política y judicial sólo descalificó el citado informe. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF, en ese entonces con Genaro Góngora Pimentel en la presidencia) aseguró que Dato Param Cumaraswamy no tuvo conocimiento cabal de nuestro sistema jurídico, basó su informe oficial en rumores, no recurrió a la legislación en vigor y no verificó con hechos probados lo que le fue dicho, por lo que su análisis tiene muy poca credibilidad y políticamente es agresivo y peligroso.

Así, exigió, la ONU debe rectificar todos los errores, inexactitudes y contradicciones en las que incurrió en su informe sobre la independencia de los jueces y abogados, y haga públicas dichas correcciones, toda vez que incurrió en varias inexactitudes e incluso errores, tanto en sus conclusiones como en sus recomendaciones y observaciones. Se basó en comentarios sin prueba y fundamento alguno y sin tomar el tiempo de verificar su autenticidad. Afirmar que entre 50 y 70 por ciento de los jueces son corruptos y que ese mal se extiende carece de seriedad y validez por no tener precisiones ni fundamento. ¿De dónde se obtuvieron esos datos?, ¿en qué consiste la corrupción?, ¿cuáles son las pruebas que tuvo a la vista para poner eso en su informe? Y sin más, siguió con su rutina.

Eso fue 21 años atrás, pero, por lo visto y documentado cotidianamente, lejos de corregirse la tenebrosa situación imperante en el Poder Judicial, el marcador en contra de los mexicanos (en 2002, entre 50 y 70 por ciento, con un índice de impunidad de 95 por ciento) sigue en ascenso; en el mejor de los casos, y solo en él, la contabilidad no ha variado con el correr de los años.

Lo cierto es que crecen los casos que ejemplifican la corrupción e impunidad en el ámbito judicial. Por ejemplo, es algo cotidiano constatar cómo los integrantes de ese poder protegen a la clase política (cómo olvidar el incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que 49 niños murieron y más de 70 quedaron con lesiones de por vida), a delincuentes de cuello blanco (a quienes descongelan cuentas bancarias ligadas al narcotráfico y al lavado de dinero), a depredadores y estafadores (ahí está Rosario Robles y su pandilla, sin dejar a un lado a los ex presidentes), amén de que desecha pruebas clave para condenar a ex funcionarios corruptos (Emilio Lozoya), sólo por mencionar algunos.

Y a lo largo de los años, el del relator especial de la ONU no ha sido el único informe que denuncia el impúdico comportamiento del Poder Judicial. Pero nadie lo toca.

Las rebanadas del pastel

Entonces, ¿ese es el compromiso de los guardianes de la Constitución?

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