uando el presidente López Obrador visitó El Salvador en mayo pasado para presentar proyectos como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, le dejó muy en claro a su presidente Nayib Bukele, que México está muy orgulloso de los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra interna (1980-92) que dejó más de 70 mil muertos en ese país. AMLO dijo que México propuso la creación del Grupo Contadora, mediante el cual se consiguió la paz, esa solución provino de acuerdos que se suscribieron en 1992 y es un orgullo para nosotros los mexicanos, porque esos acuerdos se firmaron en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México (https://bit.ly/41XmI01).

La defensa de AMLO de los acuerdos de paz en El Salvador es una respuesta a que Bukele los hubiera pisoteado. A finales de 2021 los calificó como una farsa y dijo que ya no se conmemoraría un acuerdo entre actores corruptos (https://bbc.in/3J7UCGH). De acuerdo con Geoff Thale, de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA ), al rechazar los acuerdos de paz, el presidente Bukele no sólo está rechazando los fracasos de sus predecesores, sino también la base institucional de la democracia salvadoreña (https://bit.ly/3JaL5ic).

Como muestra de su desprecio a los acuerdos de paz (https://bit.ly/427naZM), Bukele está apresando a líderes políticos y sociales que se oponen a sus autoritarios proyectos. Como escribí recientemente, la detención el 11 de enero de este año de cinco defensores ambientales en lucha contra el regreso de la destructiva minería metálica al país ha puesto en evidencia su desesperación después de su fracasada aventura en la criptomoneda bitcóin. Se teme que busque revertir la prohibición a la minería en El Salvador que en 2017 conmocionó a la rapaz industria extractiva global (“Resurge la solidaridad hacia El Salvador, La Jornada, 30/1/23, https://bit.ly/401mEdG). En el Institute for Policy Studies afirmamos que la decisión del gobierno de arrestar a los cinco ambientalistas mientras bloquea la búsqueda de justicia en casos como la masacre de El Mozote plantea interrogantes sobre si la verdadera motivación es intentar silenciar a estos defensores del agua (https://bit.ly/3mLSyMU).

Los ambientalistas detenidos fueron combatientes del FMLN durante la guerra civil. Se les imputa, sin evidencia, asesinato, privación ilegal de libertad y asociación ilícita de una persona del mismo FMLN en 1981, es decir, hace 33 años. La única prueba es la declaración de un testigo secreto que, al parecer, no podrá ser interrogado en el juicio.

Pero, aunque no guste a Bukele, la amnistía de la Ley de Reconciliación General de 1992 está plenamente en vigor. México y demás miembros de la comunidad internacional, deben tener interés en proteger los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz de 1992. Éste se negoció bajo los auspicios del secretario general de Naciones Unidas y fue firmado por representantes del gobierno de El Salvador y de la insurgencia del FMLN, y por el secretario general de Naciones Unidas en México el 16 de enero de 1992. Los gobiernos de México, España, Colombia y Venezuela actuaron como amigos del secretario general en el proceso de paz.

Como dice el abogado salvadoreño Luis Parada, si el fiscal general de El Salvador y la administración de Bukele insisten en continuar con esta persecución ilegal de los cinco defensores del agua, estarán violando claramente un compromiso central del gobierno en el acuerdo de paz de 1992 que puso fin a la guerra civil salvadoreña. Que un futuro gobierno viole una parte central de un acuerdo de paz internacional 31 años después con fines políticos sentaría un mal precedente para la paz internacional.

México y todo país interesado en preservar un orden internacional basado en normas, deberían enviar un mensaje al gobierno de Nayib Bukele instándole a retirar la solicitud de detención preliminar de los acusados para que puedan ser enviados a casa, y solicitar el retiro de todos los cargos, de conformidad con la Ley de Reconciliación Nacional de 1992.

Ross Wells, del programa comunitario para El Salvador de la Washington Ethical Society, dice en carta enviada al Washington Post (en respuesta al artículo de León Krauze la escala de la nueva prisión de El Salvador es difícil de comprender) que “los encarcelamientos masivos del presidente Bukele tienen un lado oscuro. El ‘estado de excepción’ también se utiliza para perseguir a sus oponentes políticos y consolidar su dictadura. Las detenciones son sólo las últimas medidas autoritarias, empezando por el envío por Bukele de tropas a la Asamblea Nacional para doblegar a los legisladores a su voluntad. Llenó a los tribunales con sus aliados, que luego dictaminaron que los presidentes pueden ejercer más de un mandato. El ‘estado de emergencia’ de Bukele es el encubrimiento de una dictadura. Es hora de que el gobierno de Estados Unidos se pronuncie” (https://wapo.st/425K03J).

Es también urgente que el gobierno de México se pronuncie y condicione préstamos y apoyos a proyectos en El Salvador, al total respeto de los acuerdos de paz, empezando por la inmediata liberación de los cinco defensores del agua.

Felicidades a la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES) de El Salvador –de la cual don Antonio Pacheco, uno de los cinco presos políticos, es director ejecutivo–, por sus 30 años de lucha y liderazgo en la prohibición de la minería metálica.

*Investigador del Programa sobre la Economía Global del Institute for Policy Studies, www.ips-dc.org