En México persiste el desacato y la falta de acceso a la justicia por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco durante la guerra sucia en Guerrero. Eso es lo que se expondrá mañana en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), en la audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia que este tribunal emitió para el caso en 2009, informó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que acompaña a los familiares de la víctima.

En la audiencia, la segunda de este tipo –la primera se realizó en 2016–, se tiene previsto que participen funcionarios de las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores, así como de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Fiscalía General de la República.

Rosendo Radilla fue detenido el 25 de agosto de 1974 por miembros del Ejército, y la última vez que se le vio fue en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero.

Miguel Ángel Alcaraz Ceballos, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, explicó que la audiencia de supervisión, que se realizará en el contexto del 156 periodo de sesiones de la CorteIDH, fue solicitada por la familia Radilla, ya que la última búsqueda que se hizo del señor Rosendo fue en 2019 y ni siquiera se pudieron completar todas las diligencias previstas por falta de recursos de la fiscalía.

Por otro lado, dijo, está pendiente de cumplimiento lo relativo a conducir eficazmente, con debida diligencia y dentro de un plazo responsable, la investigación y en su caso los procesos penales que se tramiten en relación con la detención y posterior desaparición forzada.

En este sentido, en entrevista, Alcaraz Ceballos reprochó que la FGR tiene algunos años siguiendo una misma línea de investigación que es infructífera y que consiste en llamar a declarar a ex servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Lo anterior, agregó, a pesar de que en 2021 un perito del Instituto Nacional de Ciencias Penales realizó un dictamen donde determinó que bajo la figura de cadena de mando ya se podrían fincar responsabilidades penales.

El litigante indicó que otro de los pendientes es la atención médica de las víctimas. El Estado, en un primer momento, se comprometió a hacer una ruta, que debería haber partido de valoraciones físicas y sicológicas; sin embargo, a lo largo de los años se ha traducido en atenciones aisladas.