La violación sexual contra mujeres, adolescentes y niñas es uno de los delitos cuyo reporte ha aumentado en los últimos años. En el segundo año de la pandemia (2021), los casos registrados fueron 21 mil 189, en tanto 2022 cerró con 23 mil 102.

En el comparativo de enero de 2022 y el mismo mes del presente año, el alza es de 26 por ciento, al pasar de mil 428 a mil 799, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La violencia sexual es una de las menos documentadas porque las mujeres saben que al denunciar van a ser revictimizadas y cuestionadas en su vida sexual, aproximadamente se denuncia la cuarta parte de los casos, eso es realmente es preocupante, señaló a La Jornada María de la Luz Estrada, coordinadora general del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

Sobre la revictimización, Isabel Suárez Terrazas, abogada especialista en género por parte de Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, citó el caso de una menor de edad. Primero habló con el Ministerio Público, después con la policía, después con la sicóloga y con el doctor. Todo eso en un día, en cuatro ocasiones tuvo que relatar qué fue lo que le sucedió. Es por ello, agregó, que las víctimas ya no continúan con las denuncias.

Estrada indicó que además no se ha modificado el tipo penal de estos delitos, lo único que se ha logrado es generar lineamientos para la aplicación de la NOM-046 relativa a la interrupción legal del embarazo en caso de violación.

Datos oficiales refieren que en enero la entidad federativa con más denuncias de violación sexual fue el estado de México, con 273; seguido de la Ciudad de México, 216; Nuevo León, 137; Chihuahua, 105; Hidalgo, 96; Oaxaca, 77; Baja California y Quintana Roo, con 62. Sin embargo, si se observan las denuncias por cada 100 mil habitantes, la lista la encabeza Quintana Roo, 3.38; Hidalgo, 3.01; Chihuahua, 2.69; Ciudad de México, 2.41, y Nuevo León, 2.35.

Suárez Terrazas lamentó que las autoridades en juzgados y agencias del Ministerio Público no conozcan ni pongan en práctica lo que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pareciera que la única manera en que tengan una perspectiva de género es litigando; es decir, que haya un asesor jurídico que les indique cómo deben hacer su trabajo para evitar que la víctima también sufra violencia institucional.