Este lunes, la defensa del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, acusado de recibir sobornos por 10.5 millones de dólares de Odebrecht, cuestionará la legalidad de otras 15 de las 68 pruebas con las que la Fiscalía General de la República (FGR) busca que sea sentenciado a 46 años de prisión, luego de que un juez federal ya determinó que el Ministerio Público Federal obtuvo ilegalmente los reportes financieros de las transferencias realizadas por bancos suizos y también los comprobantes de depósitos de la empresa brasileña a compañías fachadas constituidas por el ex funcionario mexicano.

En tanto, los fiscales impugnarán seis pruebas con las que se pretende demostrar la inocencia del ex directivo.

Mañana, durante la continuación de la audiencia correspondiente a la etapa intermedia del proceso penal, y en la cual se analizará la idoneidad de cada una de las pruebas de culpabilidad que presentará la FGR y de inocencia que ofrecerá la defensa de Lozoya, será la última oportunidad para que el ex funcionario pueda formalizar un acuerdo con el Ministerio Público y los representantes de Pemex y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a fin de que se le otorgue un criterio de oportunidad que le permita el desistimiento de los cargos, se le acepte un pago de 200 millones de pesos como reparación del daño y se convierta en testigo colaborador.

Una vez que el juez federal Gerardo Genaro Alarcón López realice la declaratoria de apertura de juicio, también se habrá terminado la posibilidad de que Lozoya solicite acogerse a un juicio abreviado, que le permitiría declararse culpable de los delitos que se le imputan y obtener una sentencia reducida.

El viernes, durante la audiencia realizada en el centro de justicia penal con sede en el Reclusorio Norte, Lozoya emitió una declaración en la que aseguró haber cumplido con la FGR los términos para llegar a un acuerdo reparatorio y obtener un criterio de oportunidad.

Aseguró que, entre las acciones que el Ministerio Público Federal ha efectuado a partir de su colaboración, están diversas carpetas de investigación, haber llevado a juicio al ex senador panista Jorge Luis Lavalle y las acusaciones contra Carlos Alberto Treviño Morales, ex director de Pemex, que se encuentra prófugo de la justicia. También, la orden de captura contra el diputado y ex dirigente nacional panista Ricardo Anaya.

Además, aseguró contar con los 200 millones de pesos que, supuestamente, peritajes oficiales han determinado como el monto necesario para cubrir la reparación del daño que le exigen Pemex y la UIF.