l fraude electoral fue la lacra que obligó a realizar muchas reformas a la ley, hasta crear la feria de las desconfianzas, como le llamó Jorge Carpizo. Por eso, en 1994 fue necesario crear una Fiscalía Electoral y una legislación especial para atacar los fraudes. Entre esas leyes, en 2014 se publicó la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que cumplió ya ocho años, por lo que la fiscalía organizó un foro de análisis de este marco normativo los pasados 9 y 10 de marzo.

Es necesario analizar esta legislación en el marco del nuevo contexto político. El fantasma del fraude electoral, por lo menos hasta 2018, había sido persistente muy a pesar de la existencia de la fiscalía y de las reformas electorales. La razón de la supervivencia de esta práctica se debió a que el poder público, concretamente la Presidencia y la Secretaría de Gobernación, organizaron y perpetuaron las prácticas fraudulentas, apoyándose en las estructuras políticas.

A raíz de las elecciones de 2012, en las que según un informe de la Cámara de Diputados el candidato ganador rebasó por 13 veces el tope de gastos de campaña, fue indispensable una reforma político-electoral que fortaleciera el sistema comicial, de ahí que fuera necesaria una legislación penal que sancionara a todo aquel que cometiera vulneraciones a la función pública respectiva; fue así como el 23 de mayo de 2014 se publicó la Ley General en Materia de Delitos Electorales. En esta ley quedaron tipificadas las conductas más graves en contra del sistema comicial: compra de votos, financiamiento ilícito a las campañas y recientemente fue agregada la violencia política en razón de género como conducta delictiva.

Con esta legislación, pero sobre todo con la voluntad política, el fraude ha tendido a verse disminuido. En 2018, desde el poder presidencial no se organizaron prácticas ilícitas como sus antecesores. Será un misterio lo que motivó este cambio en la política, pero lo cierto es que no se organizó el fraude electoral acostumbrado y esto será un mérito del ex presidente Enrique Peña Nieto.

Es enteramente justificado el foro organizado por la Fiscalía Electoral. No podemos estar seguros de que el fraude haya sido erradicado y debemos estar alertas para no recaer en esas prácticas, lo cual no depende fundamentalmente de la ley, sino de que la desaparición del fraude electoral sea parte permanente de la cultura política en nuestro país.