El vigesimoprimer tribunal colegiado en materia administrativa admitió a trámite el recurso de queja promovido por autoridades de la UNAM, el cual impugna el fallo del juez que aceptó el juicio de amparo de la ministra Yasmín Esquivel Mossa contra el acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la integración de los comités de ética encargados de investigar el supuesto plagio de su tesis de licenciatura.

Este tribunal colegiado tiene competencia legal para conocer del presente recurso de queja, destaca el resolutivo.

Por su parte, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) promovió la ampliación de su demanda respecto a los actos y autoridades que señala en su juicio de amparo.

El juzgado quinto de distrito en materia administrativa, con sede en la Ciudad de México, frenó por tiempo indefinido el juicio de amparo requerido por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, ya que reiteró que la determinación estará vigente hasta que el tribunal colegiado resuelva los recursos de quejas impulsados por el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers; la presidenta e integrantes del Comité Universitario de Ética, así como el director y los miembros del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón.

La juez argumentó que el fallo del órgano jurisdiccional puede influir en el trámite del juicio de amparo, toda vez que se impugna el auto del 15 de febrero pasado con el que se admitió a trámite la demanda de garantías.

Se suspende procedimiento. En consecuencia, ya que los recursos de mérito se fundan en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, y toda vez que la resolución que se dicte puede influir en el trámite del juicio de amparo, por tratarse la determinación reclamada de la admisión de la demanda, que por su naturaleza, resulta una cuestión trascendental; acorde con lo dispuesto en el artículo 102 de la ley en la materia, se suspende el procedimiento en el presente asunto, hasta en tanto se resuelvan las referidas quejas.

Por ello, dejó sin efecto la audiencia constitucional programada para día el 31, donde determinaría si concede o no la protección de la justicia federal a la ministra integrante de la SCJN.