Buenos Aires., El tribunal que juzgó y condenó a la ex presidenta y actual vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta manifestó que la pena de seis años de prisión que dictó en su contra es insuficiente para un hecho de corrupción sin precedente.

En lo que analistas han calificado como otro caso de lawfare (judicialización de la política), los tres jueces que a finales del año pasado sentenciaron a Fernández de Kirchner con la máxima pena prevista en el código penal y la inhabilitaron de por vida para ejercer cargos públicos por una defraudación al Estado equivalente a unos 400 millones de dólares de hoy, en obras viales entre 2003 y 2015, dieron a conocer ayer los fundamentos de su resolución.

La portavoz del presidente Alberto Fernández, Gabriela Cerruti, declaró tras conocerse los fundamentos de la sentencia que el mandatario cree que esta causa no tiene pies ni cabeza.

No hay ninguna prueba concreta de nada de lo que allí se sostiene. El presidente sigue sosteniendo que todo esto es una causa armada para perseguir a la vicepresidenta, para inhabilitarla, y también una forma de aleccionar a otros dirigentes políticos que intentan tomar medidas que vayan en favor de las grandes mayorías, declaró la funcionaria en rueda de prensa.

La vicepresidenta no reaccionó al anuncio, pero anteriormente afirmó que las acusaciones no tenían sustento jurídico y que se basaban en mentiras. Acusó que es una perseguida de sectores judiciales confabulados con su sucesor en el poder, el ex presidente conservador Mauricio Macri (2015-2019), para socavar su popularidad, apartarla de la escena política y proscribir al kirchnerismo.

Cristina Fernández de Kirchner, de 70 años y quien goza de fuero por ser vicepresidenta del país y senadora, tiene previsto participar hoy en un acto público en la sureña localidad de Río Negro.