Más de medio billón de pesos de dinero de origen público, equivalente a 7 por ciento del gasto de la Federación del año pasado, se encuentra en fideicomisos sin estructura orgánica que se manejan bajo el cobijo de diversas dependencias del gobierno federal, empresas productivas del Estado, banca de desarrollo, así como poderes y organismos autónomos, al margen de las reglas de transparencia aplicables a los recursos fiscales, muestran datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El resguardo de dinero en instrumentos financieros tiene diversos objetivos, los cuales van desde la estabilización de las finanzas públicas o el apoyo a la inversión productiva, hasta el pago de seguros médicos privados o el mantenimiento de las casas habitación de magistrados y jueces. Este último, por ejemplo, al cierre de 2022 contó con disponibilidades 2 mil 305 por ciento más altas que el de apoyo a familiares de mujeres víctimas de homicidio en Juárez, Chihuahua.

Los fideicomisos públicos sin estructura orgánica –como se denomina a los instrumentos que no son una paraestatal, pero en teoría sirven para apoyar áreas prioritarias de la administración pública– no reportan sus estados financieros al cierre de año ni tienen un órgano dentro de la función pública que les dé seguimiento; además, pese a que también reciben recursos públicos, éstos no vuelven a la Tesorería de la Federación al cierre de un año fiscal.

La actual administración buscó eliminar la mayoría con el inicio de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, muchos de los fideicomiso están atados a una legislación, otros apoyan actividades productivas y unos más son mecanismos de emergencia para estabilizar las finanzas públicas, por lo que se acotó a 109 los sujetos a extinción.

De acuerdo con los informes de Hacienda, al cierre del año pasado en los fideicomisos sin estructura orgánica reportados por las dependencias y entidades había 488 mil 823 millones de pesos, sin contar 20 mil 539 millones de pesos más de organismos y poderes autónomos, en su mayoría de entidades judiciales.

Por ramos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público –a cargo de la cual están los fondos de estabilización de las finanzas públicas– tiene bajo control el mayor monto de dinero en fideicomisos, 297 mil 365.3 millones de pesos; le sigue Salud con 75 mil 205.1 millones de pesos, donde se concentra el Fondo de Salud para el Bienestar.

Con el control de las aduanas que implicó el traspaso de sus recursos, la Defensa Nacional maneja 42 mil 600.5 millones de pesos en dinero de fideicomisos y en quinto lugar se encuentra la Marina con 17 mil 586.5 millones más. En medio se ubica la Secretaría de Educación Pública, que administra 20 mil 559 millones de pesos en mandatos públicos.

Más allá del financiamiento de política pública multianual, una quinta parte de los 488 mil 823 millones de pesos disponibles en los fideicomisos reportados a Hacienda –sin contar los de organismos autónomos– sirve para financiar pasivos laborales de una burocracia que en sus prestaciones extraordinarias no ha sido tocada por la austeridad promovida por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hay 83 mil 978 millones de pesos en fondos de pensiones y coberturas de gastos médicos mayores para organismos y entidades de la administración pública, sin contar a poderes autónomos. El Fideicomiso del Plan de pensiones de los jubilados del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos cuenta disponibilidades por 22 mil 692 millones de pesos, el de Nacional Financiera, 18 mil 808 millones más. Ambos, por encima de los que tienen funcionarios del Poder Judicial para el mismo fin.

En los fideicomisos de ramos autónomos, al cierre del año pasado había 20 mil 539 millones de pesos, según la información preliminar.

El Poder Judicial –entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– reportó a Hacienda disponibilidades por 14 mil 951 millones de pesos al cierre del año pasado, pero ese registro no incluye todos los instrumentos financieros con los que cuenta.

Hasta el cierre del año pasado, el Instituto Nacional Electoral no actualizó los saldos de sus fideicomisos, pero en junio de 2022 tenía disponibilidades por 483 millones 274 mil en el fondo para atender el pasivo laboral del instituto, y 546 millones 711 mil más en el de cumplimiento al programa de infraestructura inmobiliaria y para la atención ciudadana y mejoramiento de módulos del instituto. Un total de mil 29 millones de pesos.

En el Fondo de Infraestructura y Equipamiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones había disponibilidades por mil 90 millones de pesos al cierre del año pasado. Para solventar contingencias derivadas de juicios laborales la Comisión Federal de Competencia Económica contó con 18 millones 444 mil en uno y este mismo organismo informó de otro fideicomiso con 35 millones 468 mil pesos para infraestructura y equipamiento.

Por último, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó 2 mil 584 millones de pesos en su fondo para el mejoramiento de la procuración de justicia y 2 millones 852 mil más en el de apoyo a familiares víctimas de homicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua.