l cochinito devino en cochinero: el Poder Judicial de la Federación atesora en fideicomisos un guardadito de 20 mil 516.84 millones de pesos, que se utilizan para cubrir todo tipo de prerrogativas y necesidades de los guardianes de la Constitución (Norma Piña dixit), entre ellas pensiones complementarias, plan de prestaciones médicas (obviamente privadas), mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces, apoyo médico complementario y de apoyo económico extraordinario y un largo etcétera, que además se alimenta, entre otros, de gruesos remanentes presupuestales que no rembolsa a la Secretaría de Hacienda, como lo exige la ley.

De ese cochinito-cochinero gozan la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral, con un monto que supera, por mucho, al presupuesto de la Presidencia de la República y de varias de sus dependencias. Para dar una idea, el referido guardadito resulta 5.4 veces mayor al presupuesto 2023 de la Secretaría de Economía; 13.3 al de la Secretaría de la Función Pública, 2.15 al de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 1.3 al de la Secretaría de Cultura y 1.4 al de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al tiempo que equivale a 10 por ciento del presupuesto de la Secretaría de Salud, 40 por ciento de la Secretaría de Energía y a 65 por ciento del destinado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Además, equivale a 40 por ciento del presupuesto 2023 de la Universidad Nacional Autónoma de México, la mayor institución de educación superior del país, la cual no tiene con qué hacer frente a la demanda de ingreso de cientos de miles de estudiantes por carecer de recursos. El guardadito también resulta superior a los 20 mil 282.45 millones que la Cámara de Diputados, por medio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente año, asignó al Instituto Politécnico Nacional, otra de las grandes instituciones educativas del país.

En la mañanera de ayer, el propio Andrés Manuel López Obrador explicó: para ubicarnos, cuando nosotros llegamos al gobierno, en 2018, la Presidencia de la República manejaba un presupuesto de 3 mil 600 millones; el año pasado ejercimos 550 millones de pesos (cuando la Cámara de Diputados autorizó 833 millones), por lo que estamos hablando de una diferencia de 40 veces respecto al guardadito del Poder Judicial de la Federación.

En el desglose, de los 20 mil 516.84 millones de pesos del cochinito que devino en cochinero, alrededor de 6 mil 100 millones corresponden a la SCJN y los 14 mil y pico millones restantes son, principalmente, para el CJF y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el mismo al que se le cuecen las habas por echar para atrás el plan B, justo ahí, dice López Obrador, donde van a ordenar que se restituya a don Porfirito (Edmundo Jacobo Molina, ex secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral). Damos a conocer el fideicomiso, porque el Poder Judicial de la Federación es público, nada más que mucha gente no lo sabía.

La Jornada (Alonso Urrutia y Emir Olivares) lo reseñó así: el presidente López Obrador desglosó los fondos con los que cuenta el Poder Judicial subrayando que sólo en estas partidas tienen 40 veces más recursos que el presupuesto para la Presidencia de la República. Mencionó que de 6 mil 99 millones de pesos de la SCJN, poco más de 3 mil 500 millones de pesos se destinan a pensiones complementarias; mil 311 millones de pesos se acumulan como remanentes presupuestales, es decir, dijo el Presidente, lo que no se gastan no lo devuelven a la hacienda pública, sino que se lo quedan.

En cuanto al Consejo de la Judicatura, de 14 mil 402 millones de pesos, 4 mil 504 millones se canalizan a pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados; 4 mil 197 millones de pesos para el desarrollo de la infraestructura que implementan las reformas constitucionales; 5 mil 564 millones de pesos para fondo de apoyo a la administración de justicia y así por el estilo. Entonces, ¿así o más guardianes de la Constitución?

Las rebanadas del pastel

Era tal su urgencia de quedar bien, de servir al patrón, que Janine Otálora patinó feo, se exhibió y actuó de manera parcial e ilegal al filtrar su proyecto de resolución sobre el caso de Edmundo Jacobo Molina, por lo que la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal solicitó que el expediente se reasigne a otra magistrado. Eso pasa con los acelerados.

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