Toluca, Méx., El pleno del Congreso local aprobó ayer un paquete de reformas y adiciones a 11 leyes del estado de México –una de las entidades con mayores índices de asesinatos de mujeres–, con las que se pretende combatir y atender de mejor manera la violencia de género y fenómenos como el feminicidio, así como la desaparición de mujeres.

La respectivas iniciativas fueron elaboradas de manera conjunta por las 37 legisladoras mexiquenses y activistas en favor de los derechos humanos, funcionarias estatales y municipales, al igual que representantes de la Entidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), quienes eligieron al estado para implementar la iniciativa Spotlight –campaña conjunta de la Unión Europea y la ONU orientada a eliminar todas las formas de violencia contra mujeres–, por ser uno de los territorios más violentos para el género femenino.

El año pasado, 409 mujeres murieron en el estado de México de forma violenta, y sólo un tercio de esos crímenes se tipificaron como feminicidios. Veinte por ciento de ellos están esclarecidos, con los culpables detenidos y sometidos a proceso.

La diputada Karina Labastida, presidenta de la comisión de Seguimiento a Feminicidios en la legislatura estatal, indicó que con estas reformas aprobadas de manera unánime se busca incidir en las políticas públicas a corto, mediano y largo plazos, centradas en la prevención, detección y atención de la violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, para que las autoridades lleguen a tiempo, se atienda la violencia desde la infancia y la seguridad pública se mire desde una perspectiva de género.

Las modificaciones obligan a que los servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) se sometan a capacitación constante en materia de derechos humanos. Además, buscan que las investigaciones y procesos penales se realicen con la debida diligencia, especialmente en cuanto a delitos vinculados con violencia de género, violencia familiar, contra la libertad sexual, desaparición y trata de personas.

Asimismo, apremian a funcionarios de la FGJEM a iniciar carpetas de investigación de oficio y sin demora en todos los casos, así como a evitar una victimización secundaria o el uso de estereotipos discriminatorios que obstaculicen a las víctimas el acceso a la justicia.

También se reformó la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para sancionar a quienes inhiban o intimiden a mujeres para que no presenten denuncias por violencia de género, y se obliga a indemnizar a las víctimas cuando las autoridades no actúen y propicien feminicidios.

En cuanto al acoso en escuelas, se modificó la Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar, que reconoce la violencia sexual en planteles como una modalidad de injusticia, e instruye a las autoridades incluir en el Protocolo para Prevenir, Detectar, Atender y Erradicar el Acoso Escolar medidas especiales relacionadas con la prevención de hostigamiento y abuso sexual en colegios.

Igualmente, se enmendó la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de México, para obligar a servidores públicos de todos los niveles a denunciar cualquier presunto caso de violencia contra niñas, niños o adolescentes del que tengan conocimiento, y la Ley de Movilidad, para forzar a transportistas a colocar en sus unidades videocámaras y geolocalizadores para combatir la desaparición de mujeres. Adicionalmente, se obliga a concesionarios a capacitar permanentemente a choferes en materia de violencia de género.