El gobierno de Nicaragua que encabeza Daniel Ortega declaró ilegal ayer el Consejo Superior de la Empresa Privada y las 19 cámaras que lo inte-gran, al alegar que incumplió con actualizar sus permisos para trabajar. La clausura de la principal patronal del país, cuyos máximos directivos fueron encarcelados en 2021 y desterrados este febrero, se oficializó mediante una publicación en el diario La Gaceta. En tanto, una delegada de la comunidad miskita nicaragüense (en la imagen) que vive en el exilio en Costa Rica, durante una protesta anteayer en la plaza de la Democracia en San José, exigió la liberación del obispo Rolando Álvarez, quien se negó a abordar un avión con destino a Estados Unidos con más de 200 reos liberados y expulsa-dos de Managua a principios de febrero.