Hasta anoche, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) había registrado 52 juicios en contra del plan B.

Algunos de los recursos interpuestos se enfocan no sólo en el Congreso de la Unión, donde se aprobó la reciente reforma electoral, sino también en contra del Presidente de la República y de la Secretaría de Gobernación, entre otros.

En la mitad de los juicios, según la carátula registral, se incluía en la parte responsable al titular del Poder del Ejecutivo.

Como se ha divulgado, los dos primeros recursos en contra del plan B fueron entregados en la Sala Superior del TEPJF el jueves por el director jurídico del Instituto Nacional Electoral (INE), Gabriel Mendoza, para impugnar el despido de Edmundo Jacobo Molina, por 14 años secretario ejecutivo del INE.

El ex funcionario hizo lo propio unas horas después, y al mismo tiempo promovió un amparo en un juzgado; esta última herramienta ha sido sugerida por los propios consejeros del INE a los trabajadores del organismo que eventualmente sean afectados por la reforma –tanto del Servicio Profesional Electoral Nacional como de la rama administrativa–, así como a ciudadanos, al considerar que el amparo puede frenar este acto de autoridad.

El INE interpuso el recurso como juicio electoral de urgente resolución y colocó como autoridades responsables de su demanda al Congreso de la Unión y otras.

La mañana del miércoles se sabrá si estos dos primeros asuntos, asignados a la ponencia de la magistrada Janine Otálora Malassis, están agendados para ser puestos a consideración del pleno de la Sala Superior, cuyas resoluciones son definitivas e inapelables.

El viernes pasado, primer día de vigencia de la reforma, empezó a crecer el número de juicios que deberá resolver el TEPJF y hasta la tarde-noche de ayer sábado se contaba medio centenar de juicios, aunque la información disponible no ofrece detalles sobre el carácter de los demandantes, quienes interpusieron el trámite desde distintas entidades federativas.

Debido al número de juicios en contra de la reforma electoral, y con el mecanismo de turno aleatorio, varios magistrados, como Otálora, Reyes Rodríguez, José Luis Vargas, Mónica Soto e Indalfer Infante, tienen ya bajo su responsabilidad la elaboración de proyectos de resolución.