Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se reunieron ayer en privado para pulir la estrategia de combate a la reforma en la materia, en vigor desde ayer.

Mientras tanto, hasta anoche, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) había recibido 18 peticiones de juicio electoral y uno para la protección de los derechos ciudadanos contra el plan B.

Los dos primeros (interpuestos el jueves por el INE y el ex secretario Ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo, para tratar de revertir su despido) fueron asignados a la magistrada Janine Otálora. Otro proyecto será elaborado por Mónica Soto, y el grueso de los que han llegado hasta el momento se entregarán al magistrado Indalfer Infante.

En algunos turnos abiertos por la sala superior del TEPJF se lee que las impugnaciones son contra “los actos emitidos por el Congreso de la Unión, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y la Secretaría de Gobernación, por la entrada en vigor y publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto que reforma y deroga disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de fecha 2 de marzo de 2023”.

Al término de la sesión extraordinaria del consejo general y antes de la reunión privada de consejeros, Lorenzo Córdova dijo en entrevista que los recursos serán llevados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las próximas horas.

Aseveró que no sólo el INE impugnará, sino también tienen esa posibilidad los trabajadores del organismo y los ciudadanos que consideren que esta reforma es profunda y gravemente anticonstitucional y significa una regresión democrática.

Puntualizó que no desviarán recursos públicos para apoyar a los trabajadores que en su carácter individual tomen la decisión de defenderse, aunque acotó que el INE no promueve ni niega la posibilidad de defensa.

–¿Cuándo presentarán la controversia constitucional?

–En las próximas horas, no sé si el día de hoy, el lunes o el martes.

–¿Piden la suspensión de la reforma?

–Sí, es parte de la potestad, del derecho.

Previamente, en sesión extraordinaria, el consejo general del INE creó el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023 para adecuar la estructura del organismo a la reforma.

Este comité será presidido por la consejera Claudia Zavala y seis compañeros que continuarán más allá del 3 de abril (cuando concluyen su gestión cuatro colegas, incluido Córdova).

En la secretaría de la comisión estará el director jurídico, aunque ayer mismo se anunció que el responsable del área renunció y su separación se hará efectiva a finales de este mes, lo mismo que quien debe fungir como asesora técnica especialista (directora de administración del instituto), que para abril habrá regresado a su plaza en la junta local de Hidalgo.

Con diferentes matices, los consejeros señalaron que la tarea de adecuación a la reforma es muy amplia respecto al poco tiempo que tienen, esto es, máximo en agosto entrante.