Lima. El gobierno de Perú, presidido por Dina Boluarte, dio por finalizadas las funciones de su cónsul general en la Ciudad de México, Elena Miranda Rojas, en medio de la tensión política que viven ambos países, según la resolución difundida ayer en el diario oficial El Peruano.

El texto, fechado el 2 de marzo y que no explicó el motivo del retiro, señala que se decidió cancelar las Letras Patentes correspondientes a partir de la fecha de término de funciones que será fijada mediante resolución viceministerial.

La ministra consejera Elena Miranda Rojas fue nombrada cónsul en la capital mexicana el 30 de marzo de 2021, bajo el gobierno del ex presidente Francisco Sagasti (2020-2021)

El término de las funciones se produce en medio de la tensión política que atraviesan ambos países, situación que llevó a Boluarte a oficializar el mes pasado el retiro definitivo de Manuel Talavera, su embajador en México, y reducir las relaciones diplomáticas al nivel de Encargado de Negocios.

La presidenta de Perú rechazó los inaceptables cuestionamientos vertidos de manera reiterada contra su gobierno por parte del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que calificó de injerencistas.

El conflicto diplomático se dio tras la destitución y arresto el pasado 7 de diciembre del mandatario Pedro Castillo (2021-2022), a quien López Obrador defiende al suponer que sufrió un golpe de Estado por parte del Congreso peruano.

Persisten las protestas

Al grito de Dina, asesina, el pueblo te repudia, cientos de perua-nos bloquearon con piedras y neumáticos incendiados la carretera Central, una vía clave de acceso a la capital, Lima, en una nueva jornada de protestas contra el gobierno, en que piden la renuncia de la presidenta, la disolución del Congreso y la liberación de Castillo.

La policía lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes, quienes escaparon por las calles de Huaycán, una barriada que creció hace casi 40 años alrededor de la carretera.

En la víspera, las fuerzas de seguridad dispersaron de los alrededores de una plaza del centro histórico capitalino a manifestantes que llegaron a protestar desde la región Puno, donde el 9 de enero murieron 18 civiles en enfrentamientos con la policía.

Ayer, la presidenta Boluarte fue citada para el próximo martes por la Fiscalía con la finalidad de que declare sobre las muertes registradas en las protestas, en medio de la investigación abierta por delitos de genocidio y homicidio calificado durante esta crisis política, que ya deja 60 muertos.