Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la resolución de la Sala Especializada de este tribunal respecto a que el Presidente de la República, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y el diputado Ignacio Mier ejercieron violencia política e institucional al llamar traidores a la patria a legisladores que votaron en contra de la reforma eléctrica.

Los magistrados respaldaron el proyecto según el cual para acreditar ese grado de violencia se requería comprobar la existencia de agresiones graves a los derechos políticos de los denunciantes.

Diputados del PAN y de Movimiento Movimiento Ciudadano afirmaron que fueron objeto de una campaña, desde abril de 2022, en la que diversos servidores públicos emitieron mensajes en los que se refería como traidoras a la patria hacia quienes se pronunciaron en contra de la reforma propuesta por el mandatario.

Jorge Alvarez Máynez (MC) pidió medidas de reparación, compensación y no repetición.

Los funcionarios denunciados señalaron que la Sala Especializada no acreditó la existencia de una intención de menoscabar los derechos político-electorales de los quejosos, ni la supuesta campaña sistemática.

La violencia política e institucional es cuando desde el poder se obstruye el ejercicio del cargo público, se vulnera la dignidad humana y se lesionan los valores democráticos fundamentales, lo cual no sucedió, se indica en el proyecto elaborado por el magistrado presidente.

Explicó que se acreditó la calumnia por parte de parlamentarios, pero no se actualizó la violencia referida. Las resoluciones de la Sala Superior son definitivas e inatacables.