El Ejecutivo publicó la madrugada de hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el denominado plan B de la reforma electoral, el cual modifica 429 artículos de cuatro leyes en la materia: General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación y General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Hace una semana, el pleno del Senado aprobó el dictamen con el aval de 72 votos emitidos por legisladores de Morena y sus aliados (PT y PVEM). En tanto, los senadores de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano rechazaron la propuesta con 50 votos en contra. No hubo abstenciones.

La Cámara alta desechó la modificación hecha por su colegisladora respecto a la llamada cláusula de vida eterna de los partidos políticos pequeños, que posibilitaba que los institutos políticos con los que van en coalición en los comicios los beneficiaran con sufragios recibidos en la alianza y así evitar una posible desaparición por no obtener el mínimo de votos requeridos por la ley.

La reforma restructura al Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de evitar la duplicidad de funciones y evitar gastos derivados de altos salarios. No reduce el personal del organismo, ha planteado Morena, sino que se optimiza 8.56 por ciento del total de las plazas de altos mandos; la restructuración sería de unos mil 400 puestos.

Ante los cambios al árbitro electoral, la oposición ha desplegado una campaña de defensa del instituto comicial. El pasado domingo se realizó la segunda marcha con el lema el INE no se toca.

Hasta ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha recibido 125 controversias constitucionales contra el plan B, promovidas por gobiernos municipales y estatales del PAN y del PRI.

Los quejosos insisten en que las modificaciones legales invaden la esfera de competencia del instituto. El máximo tribunal del país ya admitió a trámite más de siete acciones de inconstitucionalidad, y analizará si proceden o no.