La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las controversias constitucionales promovidas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el municipio de Chihuahua contra la primera etapa del plan B, el ministro Alberto Pérez Dayán negó otorgar la suspensión solicitada por el ayuntamiento.

Estos casos se suman a las siete acciones de inconstitucionalidad recién admitidas del mismo tema, y quedan pendientes otras 123 de gobiernos municipales y estatales.

El INE denuncia la presunta invasión de sus facultades legales al modificar los protocolos para el gasto público en propaganda, incluso durante tiempos electorales.

El promovente de la controversia sostiene que el decreto por el quese reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en las porciones normativas que destaca, vulnera las disposiciones 1, 6, 7, 35, 41 y 134 de la Constitución federal; así como producen una violación directa a las funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere el texto constitucional; esto es, que el decreto combatido obs-taculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia, señala el acuerdo que admitió la denuncia del INE.

Esta es la primera controversia contra el plan B que es admitida a trámite, de más de 100 similares que gobiernos estatales y municipales y partidos presentados ante la SCJN.