La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, asegura que el gobierno federal cuenta con un ejército social, que opera “como los cascos azules” de la Organización de Naciones Unidas (ONU), conformado por 20 mil servidores de la nación que recorren todo el territorio para el registro de beneficiarios de los programas y pensiones, y cuando se trata de las comunidades más apartadas de la región, les entregan el dinero en propia mano.

En entrevista con La Jornada, rechaza que este trabajo tenga un fin electoral. Ellos caminan los pueblos, no tienen horario, y a veces salen de sus casas un mes para ir comunidad por comunidad, porque así se garantiza que los recursos lleguen a los más necesitados.

La funcionaria reconoce que aún hay grandes pendientes, como una política de inclusión para las personas con discapacidad, con quienes el propósito es que alcancen autonomía, puedan trabajar, estudiar y tener acceso a todos los derechos. Hoy les entregamos un ingreso para su subsistencia (2 mil 950 pesos bimestrales), pero (para este sector) falta camino por recorrer.

Montiel Reyes impulsa que los beneficiarios de los programas y pensiones ingresen al IMSS Bienestar y, de esta manera, se haga realidad el derecho a la salud, como establece el artículo cuarto constitucional. Recientemente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) informó que más de la mitad de los adultos mayores en pobreza nunca cotizaron para obtener una pensión.

La titular de Bienestar narra que conoció la pobreza en su más crudo escenario al vivir dos años en la Sierra Tarahumara, donde apoyó la construcción del movimiento que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia. En esa región, dice, fue testigo de cómo el crimen organizado se aprovechó de los más pobres para cultivos ilícitos.

Con otros compañeros del movimiento, aprendimos a sobrevivir en climas extremos. En la orografía (de la sierra) y en medio de grupos del crimen organizado comprendimos la dificultad de la gente para desplazarse. Tuvimos que acampar porque estábamos a ocho o 10 horas de distancia de donde nos quedábamos. Entendimos lo que es la pobreza profunda, y que no puede seguir la corrupción con una realidad de esta magnitud.

La ex diputada destaca entre las estrategias más efectivas la construcción de caminos rurales. “El presidente municipal de la Tarahumara me decía: ‘yo compré tabique para una construcción en 9 mil pesos, pero trasladarlos me salió en 17 mil’. Todo es más caro para los más alejados, que son los más pobres, y eso incrementa las desigualdades”.

Beneficiarios, 13 millones

La Secretaría de Bienestar, documenta, atiende a 13 millones de personas y tenemos cubierto el ciclo de la vida, porque hay programas desde la niñez hasta adultos mayores, aunque éste es el único esquema que llega a todo el país.

Admite que uno de los obstáculos que enfrentan para dispersar recursos a través de tarjetas bancarias es la falta de Internet en las zonas marginadas. Hemos llegado a todos lados, pero se batalla con el funcionamiento del Banco del Bienestar porque hay lugares donde no hay señal y es un reto instalar fibra óptica. El objetivo es que haya al menos una sucursal en cada cabecera municipal, porque esta institución es la estrategia articuladora de la política de bienestar.

Cuenta que fue un logro la sucursal en el municipio de Urique, en la Tarahumara, porque algunos habitantes estaban temerosos de ir a cobrar por las condiciones en que viven. Hace poco, un sembrador me contó que ahora hasta puede ahorrar parte de su jornal, de 6 mil pesos mensuales.

–Sin embargo, aún continúan entregando apoyos en efectivo.

–Como en 90 mil localidades, y en algunas viven pocas personas. Con el Banco del Bienestar bajaremos de 4 a 3 millones el número de beneficiarios a los que se les entrega en efectivo. Tan sólo en la Montaña de Guerrero ya hay 10 sucursales en operación, y hace unos días se entregaron para la zona 60 mil tarjetas, que son muchísimas.

–¿El ejército social del que habla es el que opera todo este esquema?

–Están los servidores de la nación y hay brigadas de otros esquemas, pero son los menos. Los servidores se encargan de distribuir los programas de bienestar, de registrar a las personas, de subir a diversas plataformas la información; entregar tarjetas, disipar dudas. Son mujeres y hombres con profunda convicción, a quienes no los mueve la paga (11 mil pesos mensuales, más prestaciones), porque si fuera por eso, habría bastante deserción.

Falta materializar proyectos

“A veces, cuando llueve, se quedan encerrados. Hace dos años, un grupo de compañeros quedó atrapado ocho días en unas comunidades de Tlapa (Guerrero), por una tormenta tropical. Como llevan los apoyos, la gente los quiere y acoge.

Para el pago en operativo (efectivo), siempre van a acompañados de elementos de la Guardia Nacional o policías estatales o municipales. No tenemos ningún problema en ningún territorio; somos como los cascos azules.

Los servidores de la nación también se encargarán de los centros integradores que se instalarán en las sucursales del Banco de Bienestar para orientar a los beneficiarios de los programas, agregó.

Pese a los avances logrados estos cuatro años de gobierno, insiste, aún está pendiente la universalización de la pensión para personas con discapacidad, pues faltan 17 entidades por liberar los recursos o firmar el acuerdo con la federación para materializar este proyecto.

No obstante, subraya, por primera vez se brindan 22 mil terapias gratuitas en Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón y el gobierno aporta para la construcción de más instalaciones en municipios con altos índices de marginación y pobreza. Por primera vez, añade, se diagnostica a quienes habitan estas comunidades, en su mayoría indígenas, lo que permite brindarles atención adecuada.

–Habla usted de que todos los beneficiarios de programas sociales accedan a una pensión del IMSS.

–Al director del IMSS le voy a informar sobre los derechohabientes de la pensión de bienestar que no cuentan con seguridad social para que, en los estados donde vaya avanzando el IMSS Bienestar, podamos coordinarnos.

–¿De qué universo estamos hablando?

–De todos los derechohabientes y beneficiarios de la secretaría, que son 13 millones. No creo que sean más de 2 millones del programa de adultos mayores; las personas con discapacidad seguramente tienen menos protección social y, en el caso de Sembrando Vida, prácticamente todos los inscritos (450 mil), así como los técnicos que operan en campo. Recordemos que en Chiapas recientemente se anunció un esquema piloto y ellos pagan.

A propósito de los sembradores, dio a conocer que censaron mil 139 millones de plantas, que incluyen árboles maderables y frutales, ante las secretarías de Agricultura y Medio para impedir su tala ilegal. De esta manera, cada árbol cuenta con registro y guía. Y así, precisa, blindamos el programa y garantizamos el patrimonio de los sembradores y sus familias.