El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que, apenas llegó a encabezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la ministra Norma Piña, se desata una ola de resoluciones en favor de los presuntos delincuentes.

En su conferencia mañanera, censuró un fallo favorable al ex gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca. El Poder Judicial se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites de los poderes económico y político, por eso los amparos constantes, subrayó el mandatario.

Descalificó el desempeño de la Corte a partir de la llegada de Piña a la presidencia: ahora que llegó, la nueva ministra declara, en un formalismo extremo, como si fueran omnímodos los jueces, que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran.

Aseveró que bajo la actuación de Arturo Zaldívar al frente del máximo tribunal, había un poquito más de vigilancia sobre la actividad de jueces y magistrados. El Consejo de la Judicatura Federal, instancia que supervisa el desempeño de los integrantes del Poder Judicial, se ha convertido en un florero; está de adorno, porque no hay ningún señalamiento a un juez, a un magistrado, señaló el Presidente.

Recursos contra jueces

Recordó que el día en que en Nueva York se declaraba culpable a Genaro García Luna de vínculos con bandas del crimen organizado, en México un tribunal ordenaba descongelar las cuentas de Linda Cristina Pereyra, esposa del ex funcionario.

Esto del ex gobernador y otros casos, ojalá y se apliquen los de la Suprema Corte y atiendan este asunto, porque es grave. No es intervenir en otro poder, es no callar ante la injusticia y la corrupción, consideró.

El Presidente respaldó la decisión de la Fiscalía General de la República de promover un recurso contra el juez por su determinación en favor de García Cabeza de Vaca.

Si en el Poder Judicial no se actúa y existen elementos de que en la resolución hubo influyentismo y corrupción, hay que presentar las denuncias contra los jueces, porque no gozan de privilegios, son servidores públicos, ni modo que tengan impunidad. Todos los funcionarios estamos sujetos al escrutinio público, concluyó.