l presidente de México aseguró, como era de esperarse, que habrá castigo para militares si se les comprueba responsabilidad en el asesinato de jóvenes en Nuevo Laredo. Conforme se van conociendo detalles de los hechos, parece más difícil que se sostenga la versión atenuante dada a conocer por la Secretaría de la Defensa Nacional, respecto a una reacción violenta de soldados ante el estrépito causado por el choque contra otro vehículo de la camioneta que transportaba a siete personas, cinco de las cuales murieron por disparos de bala.

El caso debe ser procesado de manera determinante por la autoridad civil, en específico por la Fiscalía General de la República (FGR), para evitar la repetición del conocido esquema de protección corporativa a partir de un fáctico fuero militar. Es difícil imaginar, por lo demás, que ayude al esclarecimiento de los hechos la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que en la actual administración ha sido ineficaz y lenta, además de acompasarse a las necesidades políticas de Palacio Nacional.

Resulta preocupante, asimismo, la tentativa de repetición de la narrativa calderonista que pretendía justificar la violencia injustificada de las fuerzas armadas y las policías mediante la adjudicación de conductas criminales a las víctimas y la peligrosa estigmatización de defensores oficiales o no oficiales de derechos humanos, arguyendo lazos con grupos criminales.

Esas formas de desacreditación de las víctimas y de indirecta justificación de ejecuciones de presuntos criminales se han presentado en el caso de Nuevo Laredo, con notable insistencia en redes sociales e incluso ayer mediante una extraña alocución en la conferencia mañanera de prensa por parte de un asistente, quien más que una pregunta periodística presentó una larga acusación hilvanada con una grabación telefónica que no ha sido validada técnicamente.

Lo importante y necesario, obviamente, es que se esclarezcan los hechos, que sean sometidos a la jurisdicción civil y que, más allá de los presuntos o reales vínculos de los fallecidos con grupos delictivos, se castigue en estricta justicia a quienes hubieran asesinado a cinco jóvenes en Nuevo Laredo.

El analista Alfredo Jalife, quien se define en su cuenta de Twitter (@alfredojalife2) como un apasionado de la geopolítica, dijo ayer en entrevista que realmente no ha salido nada del juicio en Estados Unidos al ex secretario calderonista de Seguridad Pública: “yo sé más de García Luna que lo que ha salido en Nueva York, y ya ves que tuvieron que cerrar de inmediato el expediente para que no hubiera más testimonios. Porque seguramente iban a salir ya todos los manejos financieros. Y ahí está la clave. Olvídate, no hay que perder el tiempo: ¡follow the money!” (Entrevista en video:https://bit.ly/3ymMY6x).

Además, Jalife aseguró que Raúl Salinas de Gortari deja el país para instalarse en Palma de Mallorca, España, como antes lo hizo su hermano Carlos, aunque éste para instalarse en Madrid, región donde también se ha refugiado Felipe Calderón Hinojosa, al amparo de una fundación presidida por el ex presidente español José María Aznar y financiada por empresas en su momento beneficiadas por la administración calderonista. Ahora vamos a reconquistar España con delincuentes, ironizó.

El próximo domingo, de 5 a 6.30 de la tarde, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se presentará El regreso al infierno electoral, coordinado por Bernardo Barranco. En el texto, periodistas, académicos y ex funcionarios electorales repasan antecedentes y actualidad política y electoral del estado de México, de cara a la cita con las urnas que determinará si el Partido Revolucionario Institucional mantiene el poder y tal corriente, con distintos nombres, llega a un siglo en el gobierno estatal, o si el Grupo Texcoco-Morena entra al relevo del Atlacomulco-PRI. Serán presentadores del libro: Álvaro Delgado, Gabriel Corona, Tere Montaño y el autor de estas líneas astilladas, más el coordinador Barranco. ¡Hasta mañana!

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