El gobierno federal impugnó la suspensión de las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, que ordenó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Alberto Pérez Dayán para que no se puedan aplicar en los estados de México y de Coahuila.

En el recurso legal presentado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), se expone que en el caso de las normas expedidas por el Congreso de la Unión, sólo pueden invalidarse mediante el voto de ocho ministros y está proscrito expresamente suspender sus efectos.

Por esta razón, subrayó, constituye un fraude a la Constitución que el ministro instructor, Alberto Pérez Dayán, se separe indebidamente de las reglas, lo que desnaturaliza los medios de control constitucional, y en la medida en que el juzgador respeta o no el sentido original de la norma, su decisión será calificada de democrática o antidemocrática.

Mediante un comunicado, la CJEF afirmó que la suspensión afecta de manera grave la división de poderes, ya que, insistió, carece de facultades para anular un valor constitucional superior, como el principio de presunción de validez de las normas expedidas por el Poder Legislativo, pues sólo la determinación del pleno de la SCJN puede tener por efecto declarar la invalidez de una disposición general.

Además, es preocupante que el ministro suspenda la aplicación de las leyes sin que exista ningún hecho o indicio que demuestre la supuesta existencia de afectación irreparable al sistema democrático o a los derechos fundamentales implicados, como señala de forma dogmática en su determinación. Esto representa un acto arbitrario de un juzgador constitucional al apartarse de las normas jurídicas que regulan su actuación.