Magistrados y funcionarios electorales advirtieron que el plan B quita a estas autoridades administrativas y jurisdiccionales la facultad de interpretar la ley, y las limita únicamente a aplicarla.

Janine Otálora, magistrada de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), señaló que el retiro de esa facultad es casi la pena de muerte en este ámbito. Y yo aquí quiero dar un grito de alarma, porque lo más grave, me parece, es la reforma electoral en materia de la Ley General de Medios de Impugnación; nada más me refiero a esa, se nos quita la facultad de interpretar la ley, dijo durante la presentación del libro Elección 2021, 25 años de evolución interpretativa.

Señaló que hay un artículo muy claro el cual acota que ya no hay interpretación y eso es, casi casi, la pena de muerte de la justicia electoral. La magistrada expuso que si antes no se hubiera tenido esa facultad, el TEPJF no hubiese podido interpretar la norma y darle mayores alcances, de ahí que invitó a los abogados a leer y atender con cuidado el tema.

A su vez, en un seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el coordinador de asesores de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Marcos Zavala, sostuvo que por ese y otros elementos, la reciente reforma electoral es una vuelta al pasado, el regreso a un modelo inconstitucional.

Antes, en ese mismo evento realizado en la máxima casa de estudios, pero en otra mesa, el ex consejero electoral Jaime Cárdenas refutó que todas las reformas anteriores fueron resueltas por consenso (como ha repetido el consejero presidente, Lorenzo Córdova).

El abogado y académico citó entonces la reforma de 2014 y la ubicó como hija del famoso Pacto por México, de septiembre de 2012 cuando PRI, PAN y PRD pactaron aquel cambio, hoy en vigor, sin la opinión de la entonces fuerza emergente que en 2014 obtendría el registro como partido Morena.

¿Y qué trato de decir con eso? Bueno, no sólo poner en cuestión la idea o la afirmación de que todas las reformas electorales de los últimos 20 o 25 años han derivado de un consenso. No es verdad, señaló.

También subrayó que hay otros temas del plan B como la eliminación de la figura del secretario ejecutivo del INE que desde la época del IFE tenía excesivas atribuciones y – relató– se decía que si bien el binomio PRI-gobierno había dejado la presidencia del entonces IFE, (esa amalgama) se había mantenido ahí en la figura del secretario ejecutivo, un poderoso funcionario.

Creo yo que ese cambio no es una ocurrencia (en la reforma), es un polvo de aquellos lodos, expresó Jaime Cárdenas.

Y frente a otros expositores mayoritariamente críticos al plan B, Cárdenas hizo mencionó que la excesiva burocracia en el órgano electoral no es un asunto nuevo, pues desde los tiempos del IFE ya se reconocía como asunto preocupante y fue motivo de una auditoría, la cual concluyó que debían hacerse ajustes a la estructura del instituto.

También señaló, para que conste en actas, su desacuerdo con la reducción de cinco a un funcionario de carrera en las juntas distritales. Se les pasó la mano, expresó.