Sábado 25 de febrero de 2023, p. 25
Vecinos de varias alcaldías, organizaciones sociales, académicos, y representantes de comisiones de participación comunitaria hicieron un llamado al Congreso capitalino a fin de que agilice la reforma constitucional que amplía los plazos para la entrada en vigor del Plan General de Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial.
Exigen dar continuidad a la integración de ambos documentos ante el riesgo de que al arrancar el proceso electoral (en septiembre) se cierre la oportunidad de que la ciudad tenga planeación en este sexenio y sus habitantes podamos aspirar a que exista orden en el territorio
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La convocatoria la firman agrupaciones como el Movimiento Urbano Popular, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, la de Vecinos Hipódromo, el Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad y el de Defensa de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca de Anáhuac, las cuales señalan que aún es posible modificar ambos documentos para llevar a cabo un proceso de planeación que permita la participación plural, suficiente y expedita, retomando las opiniones y avances que la ciudadanía ha emitido y abriendo los mecanismos para que continúen las aportaciones y se genere una mayor participación, mientras prosigue el proceso de sistematización
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La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso una iniciativa de reforma a la Constitución local y la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo que pospone los plazos para que entren en vigor el plan y el programa el 1º de octubre de este año.
Tras la renuncia del titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, Pablo Benlliure Bilbao, el colectivo instó a realizar otras adecuaciones, como suprimir el requisito de que los integrantes del consejo ciudadano cuenten con título profesional y sea el comité técnico de selección el que emita la convocatoria y los designe, así como nombrar las representaciones ciudadanas faltantes en el directorio técnico y la junta de gobierno del organismo, al advertir que hoy tiene ocho representantes del gobierno y sólo tres ciudadanos.