El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, sostuvo ayer que la reforma electoral significa el despido de casi 6 mil trabajadores de una plantilla de más de 17 mil, cuya liquidación calculó en 3 mil 500 millones de pesos.

En un seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el consejero llamó mazacote al plan B y aseguró que coloca al INE en una situación no funcional.

Señaló que espera ansiosamente la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación para proceder de inmediato con las controversias constitucionales y otros litigios.

Córdova hizo énfasis en que la carga mortal de la reforma es la parte laboral. Aseguró que la reforma recorta 84.6 por ciento (2 mil 100) de los 2 mil 571 trabajadores del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN). A ese pasivo laboral hay que agregar el finiquito de personal administrativo, aseguró.

Frente a la cifra revelada del costo de las liquidaciones preguntó, en referencia al objetivo de austeridad planteado en la reforma: ¿Dónde está el ahorro?

Reiteró que con el plan B las elecciones están en riesgo porque no hay certeza de la operación de casillas o del número necesario de mesas receptoras del voto.

Por tanto, sostuvo, se eleva el riesgo de nulidad de los comicios y ahora toca a la Suprema Corte de la Nación evitar esa situación.

Comentó que el personal del INE es el único con capacidad de entrar en algunas zonas controladas por el crimen organizado, donde no pueden pasar ni las fuerzas de seguridad.

En el seminario, titulado El Plan B Electoral: ¿Equidad, Austeridad o Incertidumbre?, participó también –entre otros– la consejera Carla Humphrey. Consideró que el principal riesgo y daño de la reforma es en los distritos y en su personal especializado, integrante del SPEN. Añadió que es un riesgo que los cambios se pongan a prueba en una elección tan grande como la de 2024.