Vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo comenzaron a recabar las 32 mil firmas que se requieren para solicitar al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), antes del 21 de abril, que organice la consulta ciudadana sobre la revocación del mandato del alcalde Mauricio Tabe Echartea, al asegurar que a casi 17 meses de la gestión del funcionario tenemos un gobierno deficiente.

Frente al módulo de Seguridad y Participación Ciudadana, en el espacio público ubicado en las esquinas de Gutenberg y Thiers, colonia Anzures, los miembros de la comisión organizadora del ejercicio ciudadano adelantaron que los residentes de diversas colonias de Cuauhtémoc también se preparan para solicitar la revocación del mandato de la alcaldesa Sandra Cuevas, luego de los enfrentamientos ocurridos en Santa María la Ribera, y de negar la instalación del sonido para que adultos mayores bailen los domingos, como ocurre desde hace 12 años.

Los residentes de Miguel Hidalgo aseguraron tener las primeras 300 firmas, de 32 mil que se requieren, que representan 10 por ciento del padrón electoral de la demarcación.

Dijeron que buscarán presentar al menos unas 50 mil firmas, por lo que confiaron en que el órgano electoral instalará 554 casillas, correspondientes al número de la elección intermedia, y acusaron que desde la alcaldía se realiza una campaña de desprestigio en su contra por organizar la consulta.

Insistieron en que hay desatención de Tabe, como falta de solución en la recolección de basura, poda de árboles, alumbrado público, reparación de baches, hasta temas relacionados con el cumplimiento de obras del presupuesto participativo, y corrupción inmobiliaria.

Virgilio Pasotti, habitante de Polanco, aseguró que la corrupción inmobiliaria traspasó de Benito Juárez a Miguel Hidalgo, al señalar que desde la llegada de Tabe mágicamente diversas constructoras obtuvieron los permisos para continuar con las edificaciones que violan el uso de suelo.

Cuestionó la actuación de algunos funcionarios, como el caso de César Garrido López, director general de Gobierno de Miguel Hidalgo, quien logró un amparo para regresar al cargo a pesar de que la Contraloría General lo suspendió por retirar de manera injustificada los sellos de un inmueble clasificado de alto riesgo para los vecinos de predios aledaños.