En los pasados 30 años, la gran mayoría de los emprendimientos mineros y otros megaproyectos que se han instalado en México no llevaron a cabo ningún proceso de consulta en las comunidades donde se asentaron, lo cual agravó un modelo absolutamente desigual de injusticia ambiental donde las empresas obtuvieron todas las ganancias y los pueblos se quedaron con todas las pérdidas.

Así lo afirmaron especialistas en el tema, quienes señalaron que dicho esquema está determinado por criterios racistas, según los cuales hay pueblos o sectores menos importantes que otros y, por lo tanto, es ahí donde son enviados desechos peligrosos y se dan otras formas de daño ambiental grave.

En un seminario organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM, Jorge Peláez, profesor de la Universidad Iberoamericana, señaló que el concepto de justicia ambiental se relaciona con la desigualdad en el acceso a los recursos naturales y la distribución inequitativa de las riquezas y las cargas que implica el aprovechamiento de estos bienes.

Las principales fortunas del país están asociadas a la minería, mientras enormes fragmentos de la población sufren contaminación, pobreza y todas las cargas de ese proceso masivo de explotación. Un claro ejemplo es el río Sonora, donde la mina Buenavista del Cobre apuntala una de las riquezas más importantes de México, mientras miles de personas son afectadas por un derrame de sustancias que les cambió la vida dramáticamente, destacó.

En ese marco, Peláez indicó que aunque ha habido algunas sentencias recientes de juzgados que buscan garantizar la justicia ambiental, también es cierto que ninguno de dichos fallos ha incidido en reformas legales mayores, lo que obliga a las comunidades a litigar caso por caso, sin que la Suprema Corte se decida a analizar la incon-stitucionalidad de la Ley Minera.

Por su parte, Tatiana Alfonso, académica del departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, resaltó que las condiciones de desigualdad ambiental están basadas en criterios racistas, pues se considera a los pueblos indígenas y afrodescendientes como zonas de menor valía, que pueden recibir los efectos nocivos de los proyectos de desarrollo económico.

“Los daños ambientales de muchas actividades empresariales tie-nen un impacto desproporcionado en estas regiones, y eso no es casualidad ni excepción, sino que son acciones sistemáticas en las cuales se asume que hay grupos de personas ‘menos valiosas’”, recalcó.