El presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval (Partido del Trabajo), solicitó a la Comisión del Trabajo cite a comparecer a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, a explicar por qué el despacho de su papá litiga contra los jubilados de Mexicana, a quienes busca imponer –dijo– un acuerdo que reduciría a 1.7 por ciento el monto de sus pagos.

En conferencia de prensa junto con jubilados de la empresa, el legislador explicó que éstos ganaron un laudo, que les garantizará sus jubilaciones, cuando se concrete el pago por la compra de la marca de la empresa, declarada en concurso mercantil en 2010.

En nombre de un grupo de jubilados, Iván Enríquez Barragán informó que obtuvieron un laudo en 2015, y que el despacho del padre de Alcalde Luján promovió y ganó otro, copiado del nuestro, en 2019, en favor de trabajadores sindicalizados.

No obstante, dijo, de los activos económicos que resulten de la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, se pretende pagar proporcionalmente a todos; es decir, primero los de los grandes sueldos y para los jubilados, lo que sobre, a pesar de que ganamos el juicio.

Señaló que, como parte de la negociación a que se les pretende obligar, la Secretaría del Trabajo les exige que, para garantizar el pago de sus pensiones, levanten dos embargos de los activos de la desaparecida aerolínea, pero ello implicaría dividir los fondos entre jubilados y sindicalizados.

Después de 13 años de lucha, nos piden eso a cambio de migajas, el 1.7 por ciento de lo que nos deben. En mi caso, de un pago calculado de 800 mil pesos, me quedarían 20 mil, expuso Enríquez Barragán.

En un escrito en nombre de los jubilados, planteó que la venta de Mexicana debe transparentarse, lo que no se logrará si sólo interviene la Secretaría del Trabajo que, de manera increíble, es la que nos persigue, acosa y amenaza con maniobras legaloides y una operación política que pensamos era cosa del pasado.