Jerusalén. La Knesset (Parlamento israelí) aprobó ayer en primera lectura, con 63 votos a favor y 47 en contra, dos proyectos de ley sobre una controvertida reforma del sistema judicial, considerada por sus opositores como una amenaza a la democracia del país.

Los diputados votaron a favor dos textos que pretenden modificar el proceso de nombramiento de los jueces y declarar incompetentes a los tribunales para juzgar actos o decisiones que consideren contrarios a las leyes fundamentales del país, equivalente a la Constitución.

Otra disposición clave de la reforma, que introduce una cláusula que permitiría al Congreso anular por mayoría simple ciertas decisiones del Tribunal Supremo, y que levanta gran oposición, será sometida a votación en una fecha posterior.

Afuera de la Knesset, decenas de miles de personas protestaron contra esta reforma que, aseguran, erosionará la separación de los poderes y debilitaría las bases formales de la democracia al otorgar excesivo poder al Ejecutivo, y que beneficiará al premier Benjamin Netanyahu, acusado de corrupción.

Tras finalizar la sesión parlamentaria, que fue interrumpida por varios incidentes, en especial cuando miembros de la oposición gritaron vergüenza a sus colegas de la mayoría, el presidente israelí, Isaac Herzog, quien tiene un papel esencialmente protocolario, volvió a alertar sobre las fracturas que el proyecto provoca en la sociedad.

Es una mañana difícil y son muchas las personas que temen por la unidad de la nación, declaró Herzog, quien intentó en vano abrir un diálogo entre los dos bandos, en una conferencia de prensa.

Preocupado por su impacto en los derechos humanos y la independencia de la justicia, el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió a Israel suspender la enmienda. Pido al gobierno israelí abrir la reforma a un debate y a una reflexión más amplios, instó.

En reacción, Netanyahu calificó de absurdo el llamado, de acuerdo con un comunicado de su oficina.

Este proyecto de reforma judicial fue anunciado a principios de año por el nuevo gobierno de Netanyahu, quien asumió el poder a finales de diciembre y que lidera una coalición de partidos de derecha, extrema derecha y ultraortodoxos judíos.

Las disposiciones aprobadas deben ser votadas en segunda y tercera lectura en el pleno antes de convertirse en ley.