Bahía Kino, Sonora, espacio para el turismo rural.

Políticas públicas para el turismo rural. Caminos por andar y compromisos por cumplir

El turismo como actividad económica data del siglo XIX (López y Marín, 2010), y sin duda ha ido reconfigurándose de diversas maneras y ocupando espacios en todos los territorios. Una modalidad que podría considerarse reciente es el llamado “turismo vivencial”, y específicamente el “turismo rural comunitario”, en el que las y los visitantes demandan la experiencia de una forma de vida diferentes a la que ellos o ellas tienen.

Esta modalidad permea directamente a los pueblos originarios de América Latina, de tal forma que abre las posibilidades de que se pueda implementar una actividad diferente a la que venían llevando a cabo, como pudiera ser en algún momento la agricultura.

Esta modalidad de turismo se ha ido consolidando en México a partir del 2015 aproximadamente (Kieffer, 2019), de tal manera que reviste relevancia, no solo por ser una actividad de reciente incorporación en el panorama de los pueblos originarios, sino también porque pudiese representar posibilidades para que sean los mismos pueblos quienes se apropien del proceso.

No obstante, lo anterior, para que el turismo rural comunitario pueda constituir una actividad que impulse el desarrollo autónomo de los pueblos, no basta con tener sitios de belleza inigualable o espacios dignos de compartirse con las y los visitantes externos, aunado a ello es necesaria la articulación con diversas entidades gubernamentales que permita, por medio de estrategias de política pública, un trabajo conjunto con quienes son dueños y dueñas de los territorios rurales.

Así, en el plano de las políticas públicas han existido cambios importantes, en el caso del Turismo rural en México son dos instituciones las que inciden de manera directa, la Secretaría de Turismo y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, quienes tienen a su cargo la dirección de la política pública en donde se desenvuelve el turismo rural comunitario.

Sin embargo, al hacer un primer acercamiento a la labor de estas secretarías, con información obtenida a partir de la revisión de los informes de la Secretaría de Turismo, desde el año 2011 se ha encontrado que la mayor parte de las acciones se han enfocado en el desarrollo de infraestructura, fortalecimiento de operadores de agencias de viajes, apoyo a la infraestructura aeroportuaria, etc.

No hay que olvidar el enfoque de la creación de los CIP (Centros Integralmente Planeados), definidos como “centro turístico de gran escala e impacto nacional” (SEMARNAT, 2015). El planteamiento de estos Centros, se separa en la práctica de la dinámica de la población local que habitaba territorios como Huatulco, Loreto, Los Cabos etc., al momento de plantear un gran crecimiento económico con miras a la inversión privada, dejando así de lado a la población local.

Es en 2015 cuando FONATUR integra un Sistema de Atención y Control Ambiental, ya con miras a un enfoque sustentable, que sin embargo se queda un tanto desfasado en el sentido de que ahora quienes ocupan el territorio de esos lugares de esparcimiento son los grandes consorcios hoteleros y restauranteros.

De manera general es posible observar que no ha existido un equilibrio entre la actividad turística y las necesidades de los pueblos y comunidades.

Es a partir del año 2019 en que las Secretarías involucradas en el sector comienzan a incluir de manera clara y explícita el enfoque sustentable, el cual se muestra indispensable, no solamente como discurso, sino como una verdadera urgencia planetaria en la que todos y todas estamos inmersas.

Así, con base en lo anterior, el enfoque hacia el turismo rural y específicamente el turismo rural de base comunitaria ha estado alejado en los últimos años. Esto es también síntoma de la relación que ha existido con los proyectos de los pueblos originarios, quienes tienen en su gestión territorios que pudieran ser considerados de manera importante para actividades de ocio y esparcimiento.

Ante este panorama, es evidente que hay todavía varios pendientes en torno al turismo rural comunitario, también es posible observar que las políticas públicas han sido predominantemente verticales, es momento de entablar un verdadero diálogo en donde sean las y los dueños de los territorios quienes puedan decidir cómo, quiénes y de qué manera se les visite.

Es un momento oportuno para construir en conjunto un proceso en donde las políticas públicas se ejerzan de manera más horizontal y que favorezcan no solamente a las grandes inversiones en turismo, que son necesarias, sino también a aquellos proyectos, iniciativas, pequeñas empresas etc., que se encuentran bajo manejo comunitario. En un afán de construir un proceso que Armando Bartra nombra como democratización social del turismo, pero que quizás, para muchos y muchas es simplemente hacer justicia. •