principios de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó una de tantas (des)gracias del régimen neoliberal para armar suculentos negocios particulares a costillas de los bienes de la nación: ya no hay playas públicas; la gente no puede asistir a ellas porque todo lo privatizaron. Y en la mañanera de ayer retomó este asunto: ya saben ustedes cómo en el periodo neoliberal se fueron privatizando las playas y ya la gente no tiene posibilidad de disfrutar del mar, y es obligación de este gobierno que la población pueda disfrutar de estos espacios.

Podría pensarse que lo dicho por el mandatario no tiene otro fin que promover el turismo de playa, pero ni lejanamente se trata de esto, porque el quid de todo esto es uno de los muchísimos cambios a la Constitución que el régimen neoliberal llevó a cabo para robar la riqueza nacional, privatizarla y beneficiar a los de siempre, con los operadores políticos prianistas de siempre.

Por ejemplo, antes de dichas modificaciones a la fracción I del artículo 27 constitucional, se prohibía que en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas, precepto que –por lo menos de modo formal– permaneció en el texto de la Carta Magna, aunque no pocos buitres lograron burlarlo por medio de prestanombres y fideicomisos (sólo en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón se otorgaron 49 mil permisos para constituir fideicomisos en las áreas restringidas).

Sin embargo, cabilderos y legisladores afines a los grupos de poder económico echaron a la basura el citado mandato constitucional por razones de modernidad, porque, decían, la razón de ser de la zona prohibida es sólo histórica y en consecuencia la prohibición que la afecta ha dejado de tener vigencia y contenido práctico, y como no ha sido alterado desde su promulgación en 1917, pues les urgía liberar el gran negocio que implicaba quedarse con todavía más bienes nacionales. Era parte de la tan cacareada modernidad.

¿Qué sucedió? El 23 de abril de 2013, y a la velocidad del sonido, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma al artículo 27 constitucional, con lo cual se permitirá a extranjeros comprar inmuebles en playas y litorales mexicanos. De la mano, priístas y panistas (con el apoyo de algunos perredistas) permitieron que los extranjeros adquirieran propiedades en la otrora denominada zona restringida del país, es decir, aquella que reservaba una franja con profundidad de 100 kilómetros en las fronteras y de 50 en las playas.

Como en su momento se comentó en este espacio, en sólo 15 días los modernos cuan vertiginosos diputados recorrieron el (habitualmente) kilométrico camino de la burocracia legislativa (de la presentación de la iniciativa de ley a la votación en el pleno), y por la vía del fast track aprobaron la iniciativa de ley (356 votos a favor, 119 en contra y dos abstenciones) presentada por los prianistas para permitir a los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas en fronteras y playas, porque de lo que se trataba –según ellos– era dar certeza a la inversión extranjera en vivienda. ¿De a cómo la certeza?

¿Y quiénes fueron los padres de tan moderna iniciativa del 3 de abril de 2013? ¡Sorpresa!: Manlio Fabio Beltrones ( don Beltrone, a quien, por lo visto, no le resulta suficiente ser una de las principales cabezas de la mafia de las farmacéuticas ni los innumerables negocios que maneja), Gloria Elizabeth Núñez Sánchez (integrante de la Comisión de Turismo, originalmente priísta, después panista y actualmente senadora por Movimiento Ciudadano) y Raúl Paz Alonzo (entonces panista y hoy, aunque parezca increíble, senador morenista; en ambas posiciones del Legislativo fue y es integrante de la Comisión de Turismo).

Así, los mexicanos se quedaron sin playas nacionales y se fortaleció el modelo de apartheid promovido por el régimen neoliberal.

Las rebanadas del pastel

Por cierto, tal vez adelantándose a los nubarrones, días atrás se vio a Manlio Fabio Beltrones y a Diego Valadés en tremendo conciliábulo en el área de desayunos del San Ángel Inn. Dicen que el miedo no anda en burro… Cero y van cuatro: el proceso judicial en contra del impresentable Emilio Lozoya por el caso Agronitrogenados (el de Odebrecht es aparte) ha resultado peor que un culebrón de Televisa. Ayer el juez de la causa difirió la audiencia por cuarta ocasión consecutiva, siempre a disposición de la defensa.

Twitter: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com