Desde abril de 2022, el Senado tiene congelada una minuta de la Cámara de Diputados que busca sancionar con cárcel la práctica de matrimonios forzados de menores, así como la venta de niñas y adolescentes con ese fin.

La diputada Eufrosina Cruz (PRI) resaltó que mientras en el Senado no se avala la reforma, en México continúa vigente esta práctica y la consecuente violación a los derechos humanos de las menores de edad.

Según datos de la Encuesta Nacional sobre la dinámica de las Relaciones de los Hogares 2020, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, casi un millón de menores de edad fueron obligadas a casarse o fueron vendidas por sus propias familias.

En la encuesta se desglosa que 423 mil fueron obligadas a casarse por embarazo, 339 mil padecieron un robo (esto es obligadas por un varón) y 185 mil fueron intercambiadas por dinero, bienes o propiedades.

Se trata de prácticas que ocurren en su mayoría en comunidades indígenas y afromexicanas, las cuales esconden y legitiman el abuso sexual, el secuestro, el tráfico humano y la trata de personas, expuso la legisladora.

Resaltó que es responsabilidad de los senadores ratificar la reforma para que pueda entrar en vigor. El Congreso debe poner en el centro las causas de las niñas mexicanas para que nunca más el cuerpo de una menor sea ultrajado en el nombre de la cultura o de la pornografía, dijo.

Recordó que la minuta, que está en las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos del Senado, busca que los congresos de las 32 entidades modifiquen sus respectivos códigos penales para castigar la unión forzada de menores de edad.

Citó que, según datos de la Organización de Naciones Unidas, México es el primer lugar en producir y reproducir pornografía infantil y genera 60 por ciento de los materiales de consumo mundial con contenido sexual que exponen a niños y a adolescentes.