El Senado aprobó ayer por 87 votos a favor de todos los grupos parlamentarios, cinco abstenciones y cero en contra, el proyecto de decreto para expedir la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura, la cual busca fomentar la producción, distribución, industrialización y comercialización del café, así como mejorar las condiciones económicas de quienes se dedican al cultivo y la cosecha.

La morenista Susana Harp, coautora de la iniciativa que ahora pasa a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación, explicó que las miles de personas dedicadas al cultivo y la cosecha del grano tendrán mejores oportunidades de negociación frente a los grandes industrializadores y distribuidores del producto.

Ante el pleno senatorial, reconoció que la iniciativa no va a fondo, pues se requiere un nuevo instituto del café que coordine las acciones de la cadena productiva, como ocurre en Brasil y Colombia, pero eso se verá a mediano plazo.

Por lo pronto, Harp puntualizó que con esta ley se hace un replanteamiento estratégico para que todos los involucrados en el sector tengan una nueva base que posibilite una distribución de beneficios más justa y equitativa.

Si bien la norma se circunscribe al contexto de la austeridad republicana, subrayó que se crean un conjunto de mecanismos que favorecen la coordinación de quienes participan en esa cadena productiva. De esta manera, se establecerá una comisión nacional para el desarrollo de la caficultura, un comité de precios para informar a los productores sobre el tema y un comité de comercialización para identificar irregularidades en la venta y distribución del producto.

El documento establece que será la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) la que conduzca la política pública de fomento a la producción del café, en coordinación con las dependencias y entidades competentes del gobierno federal, los estados, la Ciudad de México y los municipios.

Esa dependencia diseñará el Programa Especial de Fomento a la Cafeticultura Mexicana, acorde con el objeto y los principios de la ley aprobada, y el Sistema Nacional de Planeación Democrática.