El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló que un tribunal colegiado confirmó un amparo que permite a Luis Cárdenas Palomino, ex colaborador de Genaro García Luna, liberar sus cuentas en el sistema financiero mexicano, que estaban bloqueadas como parte de una investigación en su contra.

La decisión es definitiva e inatacable y así se abre la puerta a la impunidad en este tipo de casos, expresó Gómez, porque el quejoso no sólo puede acceder a sus cuentas, sino reinsertarse en el sistema financiero.

En la conferencia presidencial de ayer, el titular de la UIF informó que el fallo fue emitido el pasado 25 de enero por el quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, integrado por los magistrados Jorge Antonio Cruz Ramos, presidente; María Elena Rosas López, y Pablo Domínguez Peregrina.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que esta decisión no es un trámite burocrático más, es una afrenta a la justicia, al movimiento que busca acabar con la corrupción y la impunidad. Estas batallas las vamos a seguir dando todos los días, porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad.

Cárdenas Palomino, ahora preso y bajo proceso por tortura, estuvo a las órdenes de García Luna, primero en la Agencia Federal de Investigaciones y más tarde en la Secretaría de Seguridad Pública.

Pablo Gómez indicó que decisiones como la que favorece al ex jefe policiaco sirven para convalidar actividades ilícitas, proteger no solamente a criminales de la delincuencia organizada, sino especialmente a los corruptos, ex servidores públicos.

La resolución impide a las autoridades financieras utilizar uno de los instrumentos preventivos fundamentales, que es justamente el bloqueo de cuentas, añadió.

Gómez explicó que la UIF había bloqueado las cuentas de Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Federal de la Policía Federal, por 5.5 millones de pesos, presuntamente vinculados a tramas de corrupción.

La medida motivó un recurso legal contra la UIF, que se basó en una jurisprudencia de la Suprema Corte, promovida por el entonces ministro Eduardo Medina Mora, recordó el funcionario.

De acuerdo con esa jurisprudencia, la acción contra Cárdenas Palomino como es un procedimiento meramente nacional y no lo está solicitando ningún país extranjero, por lo tanto, carece de suficiente certeza y de seguridad jurídica, añadió Gómez.

Criterio malinchista de la Corte

El jefe de la UIF agregó que el gobierno no puede callar frente a este tipo de decisiones judiciales, porque no se trata meramente de un asunto de colaboración entre poderes. Consideró que el criterio impuesto por la SCJN es malinchista.

–¿Luis Cárdenas Palomino participaba con Genaro García para sacar el dinero de México? –se le planteó.

–No operaban en relación, operaban con independencia. Pero sí tenemos una relación financiera concreta en un caso. La empresa más importante de Miami (vinculada a García Luna) y la empresa más importante que operó Cárdenas Palomino tuvieron relación financiera y recibió Cárdenas Palomino dinero de ésta, de Miami.

Gómez aseguró que hay prácticas más graves aún en el Poder Judicial, porque hay jueces que han llegado incluso a prohibir que la información de inteligencia financiera pueda ser entregada al Ministerio Público. Entonces quedan las personas que están siendo protegidas por esos jueces en situación de impunidad total, porque para judicializar sobre el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, se requiere forzosamente la denuncia de la UIF.

Con el impedimento de usar datos, obtenidos legalmente del sistema financiero, de las personas políticamente expuestas, sobre todo, nunca podrán ser denunciados, ya no digamos inculpados en este delito. Es necesario hacer ajustes en estos criterios, porque son instrumentos de impunidad que debemos impedir.

Narró que recientemente buscó a una de las ministras de la SJCN para gestionar ante ese órgano la posibilidad de que se revisara la jurisprudencia. “Ella presentó mi solicitud en la Segunda Sala, y me dijeron: ‘Sí, hay que atraerlo, pero para endurecer aún más la jurisprudencia’. Entonces esta ministra dijo: ‘No, no se trata de eso, se trata de hacer una revisión para superar la tesis malinchista de Medina Mora’”.