l quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito otorgó el amparo de la justicia de la Unión al ex director de Seguridad Federal de la Policía Federal Luis Cárdenas Palomino para que sean desbloqueadas sus cuentas bancarias, aseguradas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda como parte de una investigación en su contra. El titular de la UIF, Pablo Gómez, denunció que con esta decisión se da una carta de impunidad al ex funcionario actualmente preso en el penal del Altiplano. Para el funcionario, esto significa que el Poder Judicial permite operar en el sistema financiero a individuos de los cuales se conoce que realizan actividades de lavado de dinero; posición compartida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó el amparo de afrenta al movimiento que busca acabar con la injusticia y la impunidad.

El amparo al ex policía resulta escandaloso por la gravedad de las acusaciones que pesan contra él (actos de tortura, lavado de dinero, corrupción y narcotráfico) y porque, de acuerdo con todos los indicios disponibles, formó parte de un esquema criminal enquistado en lo más alto de la estructura gubernamental, lo que hace de sentido común la necesidad de cerrarle canales para usar su poder financiero mientras se le procesa. Asimismo, resalta que la jurisprudencia pretextada por los integrantes del tribunal para ordenar la liberación de las cuentas (según la cual sólo pueden congelarse activos cuando así lo solicite un gobierno extranjero) fue dictada por el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Eduardo Medina Mora, quien fue procurador general en el mismo gabinete en que Cárdenas Palomino se desempeñó como brazo derecho de Genaro García Luna. Es decir, que un miembro del calderonismo sentó un precedente que hoy se usa para dejar impunes a otros ex funcionarios de esa administración.

Con su sentencia, el quinto tribunal colegiado ofrece un enésimo botón de muestra de la tan urgente como imperiosa necesidad dereformar al Poder Judicial para que deje de ser un vehículo de impunidad y un facilitador de la corrupción. Es imposible reseñar todas las muestras de extravío de esta rama del gobierno, pero puede ilustrarse su inoperancia actual con un puñado de ejemplos, todos ellos ocurridos en semanas recientes: el otorgamiento de la prisión domiciliaria (luego revocada) al ex diputado priísta Juan Antonio Vera Carrizal, preso desde abril de 2020 por intento de feminicidio contra la saxofonista mixteca María Elena Ríos Ortiz; la liberación de uno de los principales cabecillas de bandas dedicadas al robo de hidrocarburo de ductos de Pemex en Hidalgo, pese a que en inmuebles de su propiedad se encontraron tomas ilegales; la anulación de un proceso por fraude al abogado defensor de prominentes miembros de la clase política y presunto lavador de dinero Juan Collado; o la imposibilidad de iniciar el juicio a un ex magistrado acusado de abuso de autoridad, porque todos los jueces nombrados para seguir el caso se han negado a procesarlo debido a que mantienen relaciones de amistad con él, fueron sus alumnos o le tienen estima. Tampoco puede olvidarse que en noviembre pasado la Suprema Corte declaró inconstitucional considerar graves delitos fiscales como contrabando, defraudación y uso de facturas falsas, con lo cual dio vía libre a individuos y empresas dedicados a desfalcar sistemáticamente a la hacienda pública.

Pero los tribunales no sólo dan la protección de la justicia a criminales, sino también amparan a personajes y organizaciones empeñados en obstaculizar obras y programas viales para el desarrollo nacional, como se ha visto con las sentencias favorables a grupos del magnate Claudio X. González contra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; a los grupos de interés que sabotean la construcción del Tren Maya y que carecen de cualquier representación de las comunidades indígenas en cuyo nombre dicen hablar, y a los poderes fácticos locales o trasnacionales que buscan perpetuar el régimen de saqueo sobre la industria eléctrica. En esta misión de trinchera oligárquica, el Judicial actúa no como poder independiente, sino como negador de las atribuciones de los otros dos, denegando al Legislativo su facultad soberana de hacer las leyes y al Ejecutivo la correspondiente de aplicarlas.

Ya no puede dudarse: para lograr un estado de derecho, es ineludible reformar a fondo el Poder Judicial, cuyo mandato es velar por la justicia, pero que en muchos casos se ha convertido en el más tenaz obstáculo para alcanzarla.