Un total de 21 fiscales generales de otros tantos estados estadunidenses enviaron una carta al presidente Joe Biden y al secretario de Estado, Antony Blinken, en la que piden declarar organizaciones extranjeras terroristas a los cárteles mexicanos, con el fin de liberar recursos para confrontar la mortal crisis de los opioides con la seriedad que merece.

La oficina del promotor de la iniciativa, el fiscal Jason S. Miyares, de Virginia, informó en un boletín que la inhabilidad del gobierno mexicano para controlar a estos grupos “es una amenaza a nuestra seguridad nacional.

Los cárteles mexicanos conducen una diaria guerra química contra los estadunidenses, asevera el documento, redactado por Miyares y firmado por los otros 20 fiscales.

Añade que en 2022 más de 100 mil estadunidenses murieron por sobredosis de opioides. Además, la DEA reporta que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, principalmente, importan desde China precursores químicos, que después trasladan a Estados Unidos.

En septiembre pasado, el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró los cárteles mexicanos como grupos terroristas con argumentos similares.

La misiva a Biden afirma que la amenaza es aún más grande por los conocidos nexos entre los cárteles mexicanos y las organizaciones como Hezbolah y que la administradora de la DEA, Anne Milgram, llamó al fentanilo la droga más mortífera que jamás ha enfrentado nuestro país, pues causa 196 muertes al día.

Además, dicen Miyares y los otros fiscales, los cárteles asesinan a rivales, funcionarios mexicanos y estadunidenses en la frontera cuando llevan a cabo su insurgencia armada contra el gobierno de México, y esta situación no acabará hasta que escalemos nuestra respuesta.

Agregó que designar como organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles mexicanos dará a las fuerzas de seguridad estatales y federales mayores poderes para congelar los recursos de estas organizaciones y permitirá a fiscales imponer penas mayores a quienes colaboren con ellas.

Dijo, además, que las leyes que existen en el país para combatir a los cárteles son insuficientes, pues se enfocan en rastrear y penalizar sus actividades económicas, cuando muchos cuentan con la tapadera de negocios aparentemente legítimos como el comercio de aguacate, gasoductos, minas de oro y hasta supermercados.

Firmaron la carta los fiscales generales de Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Norte, Florida, Georgia, Indiana, Iowa, Kentucky, Luisiana, Misuri, Montana, Nebraska, Nuevo Hampshire, Oklahoma, Ohio, Tenesí, Texas, Utah, Virginia y Virgina Occidental.