El juzgado cuarto de distrito de amparo en materia administrativa otorgó una suspensión definitiva a las víctimas de la línea 12 y 3 del Metro que obliga al Gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Transporte Colectivo generar las condiciones para que no vuelva a ocurrir una muerte más por falta de mantenimiento o supervisión adecuada en su red.

El juez Ulises Oswaldo Rivera González aclaró que no afirma de manera categórica que las autoridades responsables estén omitiendo cumplir con tales deberes, sino sobre una presunción de que podrían estarlo haciendo en forma deficiente y que ello podría llegar a ser una de las causas generadoras o contribuyentes para la ocasión de accidentes o la prestación de un servicio deficiente.

La medida cautelar, argumentó, implica que sigan llevando a cabo las acciones que hayan estado llevando a cabo con tal finalidad, así como para que emprendan aquellas en las que hubieran existido eventuales omisiones o deficiencias.

Al respecto, Teófilo Benítez Granados, asesor jurídico de algunas de las víctimas de la línea 12, que colapso el 3 de mayo de 2021, destacó que esta suspensión definitiva es un paso decisivo en favor de los 5.5 millones de usuarios que utilizan a diario el Metro y evitar nuevas tragedias.

Además evitará un nuevo episodio que enlute a las familias, y que las 27 personas que murieron y 206 lesionadas de ambos accidentes, queden en el olvido y sin justicia.

Hoy, dijo, ninguno de los imputados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se encuentra preso: los 10 gozan de libertad con medidas cautelares, al igual que el operador del tren de la línea 3.